3 de abril de 2015 19:52

Diego García: ‘Nada se resuelve en las audiencias de la CIDH’

El Procurador explica que Ecuador no acude a las audiencias de la Comisión Interamericana porque se tratan temas generales, no casos específicos. Foto: Julio Estrella/ El Comercio

El Procurador explica que Ecuador no acude a las audiencias de la Comisión Interamericana porque se tratan temas generales, no casos específicos. Foto: Julio Estrella/ El Comercio

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Arturo Torres

El procurador General del Estado, Diego García.

Ecuador ha tenido ‘impasses’ constantes con la Comisión Interamericana de DD.HH. ¿A qué se deben estas diferencias?

Dos temas centrales en la discusión sobre los procedimientos en la Comisión tienen relación con las medidas cautelares y el otro sobre la convocatoria a audiencias. Ecuador sostiene que la Convención Americana de DD.HH. no prevé que esté facultada para dictar medidas cautelares. La convención le atribuye a la Corte Interamericana, no a la Comisión, esa facultad de medidas provisionales.

¿Pero la Comisión Interamericana ha defendido esa competencia basándose en su reglamento interno?

Así es. Es una creación de la propia Comisión que se autoconfiere esta competencia a través de un reglamento; no está en la Convención. Por eso, Ecuador sostiene que los países que integran el Sistema nunca acordaron darle a la comisión esas facultades y por eso las ha rechazado. También son recurrentes las invitaciones a audiencias previstas para la discusión de temas generales. Por ejemplo, sobre el derecho a la libertad de expresión. No son audiencias sobre casos específicos, iniciados formalmente. Ecuador no ha sido convocado a audiencias sobre casos puntuales en la Comisión en los últimos cuatro años; solo a audiencias generales en las que se escucha a alguien sobre temas abiertos y no se resuelve absolutamente nada. El único caso es el del articulista Emilio Palacio; no hay más casos notificados formalmente contra Ecuador.

Otro tema relevante, a cargo de la Procuraduría, por su alcance internacional, es el control del lavado de activos. ¿Cuáles han sido los avances?

Desde 2012, luego de la última evaluación mutua dentro del Grupo de Acción Financiera de América del Sur (Gafisud), se diseñó un plan de acción para superar todas las observaciones que se hicieron. El mayor reto era aprobar las normas que permitieran incluir el financiamiento del terrorismo como delito autónomo dentro de la tipología penal. Esto se logró en febrero de 2014 con la aprobación del Código Integral Penal (COIP), vigente desde agosto. Además, se aprobó el congelamiento de bienes producto del financiamiento del terrorismo, que era otra observación; eso se incorporó en normas que dictaron el Consejo Nacional de la Judicatura y la Fiscalía.

También estaba pendiente el control del financiamiento del terrorismo para la economía popular y solidaria. ¿Qué pasó?

Fue incluido en normas de la Junta de Regulación y Política financiera en febrero de este año. Así se ha completado el esquema legal de control en partes exigidas por GAFI, que Ecuador no había cumplido. Además, siguiendo el plan de acción, se está verificando la aplicación de las normas. Se han cumplido 120 acciones programadas en abril del 2012.

¿El control de la economía popular y solidaria es señalado como una de las deficiencias del control del lavado en el último pronunciamiento del GAFI?

Lo que dice la declaración pública de febrero del 2015 es que Ecuador debe seguir mejorando su sistema de control de las cooperativas. Se refiere a que en este sector se estaba controlando con base en las normas que ya existían y a partir de febrero se dicta la nueva ley para el control de financiamiento del terrorismo en ese campo específicamente.

¿Por qué Ecuador sigue en la lista gris de países con deficiencias en el control del lavado y financiamiento del terrorismo?

Porque es parte de un proceso de seguimiento, de acuerdo con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional. Ecuador no va a salir de la noche a la mañana, eso es parte de un proceso. Y antes de que se produzca la salida habrá una visita técnica que seguramente será luego de la reunión plenaria de junio próximo. Entonces esperamos que para octubre Ecuador no solo salga de la lista sino del proceso de seguimiento intensificado que se inició en junio del 2012.

A escala internacional también son sensibles los arbitrajes que Ecuador enfrenta por demandas de varias compañías. ¿Cuál es su apreciación al respecto?

Son procesos iniciados hace algunos años, actualmente estamos en etapa en que empiezan a producir resultados, laudos, sentencias; algunos de los cuales hemos tenido que enfrentar cuando han rebasado los límites de aplicación de derecho interno o internacional, como el caso Occidental, en el cual seguimos un procedimiento de anulación, que concluirá en los próximos meses. Esperamos que se reverse la decisión de tribunal arbitral. Otros continúan como Chevron y Perenco-Burlington, que están en audiencias.

¿Cuál es el caso que más le preocupa y por qué?

Por las complejidades de la discusión y los valores involucrados el de Chevron es el caso más complicado, además su desarrollo ha obligado a Ecuador a discutir paralelamente en varios escenarios. También hemos debido recurrir a procesos de acceso a información en EE.UU.

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