7 de January de 2010 00:00

El dictamen fiscal puede afectar a la renegociación del aeropuerto

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Redacción Quito
quito@elcomercio.com

El dictamen acusatorio emitido por el Fiscal de Pichincha en donde se acusa de supuesto delito de peculado por el contrato del nuevo aeropuerto, pudiera afectar el proceso de renegociación del proyecto  de Tababela.

El documento señala como presuntos autores de peculado al ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo, el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel y dos funcionarios del concesionario Quiport.
 
El dictamen acusatorio fue emitido al concluir  la instrucción que investiga el presunto otorgamiento de garantías municipales a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC).

El alcalde Augusto Barrera, quien lleva adelante la renegociación del contrato del aeropuerto, señaló que el dictamen emitido por el fiscal Marco Freire “podría complejizar el proceso de  renegociación del contrato que se lleva adelante desde agosto de 2009”.
 
El Alcalde afirmó que existen dos problemas. El primero es que los  prestamistas del nuevo aeropuerto (banqueros internacionales) han planteado condiciones en las que “ellos pudieran suspender los desembolsos para el proyecto. Sus preocupaciones son sobre la posición de la Fiscalía, la Contraloría y el Congreso”.

Además, Barrera dijo que  no ha  incidido desde  su cargo de Alcalde ni como miembro de Alianza País   para que se dé el  dictamen. 
El segundo elemento que pudiera afectar las conversaciones con los prestamistas y Quiport es  que el dictamen es sobre el contrato que está  en renegociación.
 
Philippe Baril, presidente de Quiport,  expresó que los errores de concepto y malos entendidos del dictamen acusatorio serán refutados. “Esta acción solo puede hacer daño a la conclusión de la renegociación”.

El fiscal  Freire   defendió su actuación y  aclaró que  no ha recibido presiones de ningún tipo para emitir su dictamen. Aclaró que no se acusaron a todos los concejales que aprobaron la firma de las garantías del contrato porque dentro de la investigación se determinó que “algunas señoritas concejalas no conocían a fondo el texto que iban a aprobar”.

Eso en derecho significa -según Freire- que no tuvieron la conciencia y voluntad de conocer a fondo el documento que iban a firmar. Freire refirió que Andrés Vallejo y Paco Moncayo sí conocían lo que se iba a firmar en la reunión del Concejo.

Este trámite continúa en la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha. Esta sala tiene que notificar a las partes, pero hasta ayer el trámite no se cumplió.

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