Nadie podrá comprender el proceso político que está padeciendo el Ecuador si no acepta una realidad indiscutible: vivimos -soportamos, mejor- una dictadura. No debemos, si razonamos con la lucidez y la perspicacia necesarias, dejarnos engañar por las apariencias, por la propaganda demagógica y alienante o por la palabrería insustancial y falsa del repetitivo discurso oficial: el supuesto respeto a la Constitución y las leyes busca ocultar el atropello permanente y constante, la invocación a la democracia esconde la velada intención de destruirla, la utilización de los mecanismos para consultar a los ciudadanos -el pueblo- lleva a una hipócrita manipulación de sus aspiraciones y sentimientos.
Hay un sistema jurídico -Constitución, leyes e instituciones- que teóricamente se encuentra vigente. Pero la realidad es otra. Las normas de la Constitución de Montecristi, producto del sectarismo, la novelería y la ignorancia de los asambleístas de la ‘revolución ciudadana’, en la práctica han sido violadas desde el mismo día de su promulgación. Las leyes, según las conveniencias coyunturales de la dictadura, han sido pisoteadas. El poder público, con sí sucede en una auténtica y sólida democracia, no se sujeta a las normas previamente establecidas. Todo lo contrario. La Constitución y las leyes, manipuladas e interpretadas arbitrariamente, son el instrumento dúctil y moldeable que se adapta a sus intereses.
El proceso de desinstitucionalización (sometimiento de las instituciones y pérdida de su independencia y autonomía) se ha ido ahondando paulatinamente. La Asamblea Nacional, sin iniciativas, legisla mal y no fiscaliza: aprueba sin debate los proyectos que le imponen y deja impunes los actos de corrupción. La espuria Corte Constitucional contribuye con eficacia a la destrucción del Estado de Derecho. El Consejo Electoral, para congraciarse con el dictador, distorsiona y cita diminutamente las leyes. Los organismos de control no actúan. El poder político se ha ido concentrando poco a poco en una sola persona. El Estado -la burocracia- crece y se fortalece. La sociedad civil se debilita.
La consulta popular convocada es parte de este proceso. Los ciudadanos, que en su mayoría desconocen o no comprenden el contenido de las preguntas y sus anexos, sin una actitud consciente y crítica, reflexiva y analítica, inducidos por una propaganda oficial atosigante y maniquea, contribuirán al fortalecimiento de la dictadura. El voto afirmativo le otorgará los mecanismos para controlar los espacios que todavía no ha sometido totalmente: la administración de justicia y los medios de comunicación independientes. Los opositores y los disidentes, que opinan diferente y se atreven a cuestionar, mediante jueces temerosos, serán, en última instancia, coartados, reprimidos y silenciados.