6 de febrero de 2016 16:18

Víctimas de la dictadura de Pinochet critican permisividad de la justicia 

Miembros de la Corporación 3 y 4 Alamos en un encuentro por las víctimas de la dictadura de Pinochet, el 6 de febrero de 2016. Foto: EFE

Miembros de la Corporación 3 y 4 Alamos en un encuentro por las víctimas de la dictadura de Pinochet, el 6 de febrero de 2016. Foto: EFE

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Agencia EFE

Antiguos detenidos políticos y familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) criticaron hoy 6 de febrero en Santiago la "permisividad" de la legislación vigente con los delitos de la dictadura.

Durante un acto organizado por la Corporación Tres y Cuatro Álamos, que lleva el nombre de dos centros de detención y tortura operados por la DINA, la policía secreta de Pinochet, representantes de las víctimas cuestionaron la gestión de la justicia en materia de derechos humanos.

"Nuestra legislación vigente, y por herencia de la dictadura, es demasiado permisiva, garantista, como si fuera delitos comunes, pero estos son delitos de lesa humanidad", dijo Alberto Rodríguez, vicepresidente de la Corporación Villa Grimaldi, cuyo objetivo es promocionar y defender los derechos humanos en Chile.

Rodríguez criticó que la sociedad y la justicia chilena "no entienden que estos asesinos y genocidas son criminales de lesa humanidad".

Por su parte, Verónica de Negri, madre del fotógrafo Rodrigo Rojas, quien murió a causa de las quemaduras infligidas por una patrulla militar durante una protesta contra la dictadura, criticó la impunidad frente a los casos de derechos humanos.

"Estos casos nos demuestra la cobardía, nos demuestra la inoperancia, nos demuestra cómo no nos han tomado con la responsabilidad y no lo han asumido con la responsabilidad que corresponde", agregó.

Ello después de que este viernes el exagente de la DINA, Héctor Manuel Lira Aravena, fuera encontrado muerto en un parque del municipio santiaguino con una herida en la cabeza y un revólver en su mano.

Lira, de 69 años, estaba condenado en un fallo de primera instancia a ocho años de prisión, con el beneficio de la libertad provisional bajo fianza, por 17 víctimas de la 'Operación Colombo', un montaje con el que la dictadura chilena trató de encubrir las desapariciones de 119 personas.

Este fue el quinto encuentro consecutivo organizado por la Corporación Tres y Cuatro Álamos en el municipio obrero santiaguino de San Joaquín, con el objetivo de que los expresidiarios de estos centros de tortura "se reencuentren" y "conquisten el espacio como un sitio de memoria", dijo a los medios locales el director del organismo, Osiel Núñez.

En ese contexto se reconoció la trayectoria de Carmen Hertz, abogada chilena en casos de derechos humanos, y de Hugo Pavez Lazo, abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior de Chile.

Tres y Cuatro Álamos es actualmente un centro de detención de menores administrado por el Servicio Nacional de Menores (Sename) y Gendarmería.

Durante la dictadura militar pasaron por ese centro de detención y tortura centenares de presos, entre los que se encuentra Ángela Jeria, madre de la presidenta chilena, Michelle Bachelet.

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