Redacción Política
El 31 de marzo terminará el plazo para que las entidades estatales presenten sus informes anuales sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
El anuncio lo realizó el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, quien precisó que en esta disposición también se encuentran las instituciones privadas que manejan fondos del Estado.
Según la Ley de Transparencia, los representantes de las instituciones deberán entregar hasta el último día laborable de marzo un reporte detallado del cumplimiento de esa norma.
Ese reporte debe incluir una lista de los pedidos de acceso a la información que recibieron durante un año y las respuestas que dieron a esas solicitudes. Además, de cómo se cumple con los requisitos de la Ley de Transparencia.
El Defensor del Pueblo aseguró que las instituciones que no respeten la norma serán sancionadas. Hasta el año pasado, no se aplicó ningún castigo; aunque solo 197 instituciones, de 5 000 que se someten a esta Ley, presentaron su informe anual.
En un corte realizado en octubre del año pasado, incluso la Presidencia de la República no había entregado esa información.
Entre las sanciones previstas en la Ley se encuentran: una multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo; la suspensión de sus funciones por 30 días calendario, sin derecho a sueldo y, por último, la destitución del cargo en caso de que a pesar de la multa o suspensión impuestas se persistiere en la negativa de entregar la información.
Los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado o las naturales poseedoras de información pública también pueden ser sancionados. En su caso, con una multa de USD 100 a 500 por cada día de incumplimiento a la resolución. Ese dinero debe ser liquidado por un juez competente, según las norma de la Ley de Transparencia.
Gutiérrez aseveró que la Ley de Transparencia (que se encuentra en vigencia desde mayo del 2004) garantiza un derecho fundamental de los ciudadanos de contar con mecanismos para acceder a información oportuna. “Es un ejercicio fundamental para el desarrollo de la democracia y es un aporte para luchar contra la corrupción”, sostuvo Gutiérrez.