Al celebrarse el último Día de los Derechos Humanos de la primera década del siglo, debemos concentrarnos en los desafíos pendientes en derechos humanos para prepararnos para la próxima década. Sin perjuicio de importantes avances, continúan existiendo en nuestra región demasiadas deudas pendientes, pero la violencia contra la mujer debe ser una prioridad principal para todos los gobiernos de las Américas.
La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia en el hemisferio. En varios países de la región hay un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial de los casos de violencia contra las mujeres. Asimismo, las mujeres víctimas de violencia utilizan poco los sistemas de justicia, lo cual en parte se explica por el maltrato y discriminación que reciben al intentar acceder a recursos judiciales, así como por la persistente desconfianza en la eficacia de las instancias judiciales. Esta situación de impunidad propicia una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas, y perpetúa la violencia contra las mujeres como un hecho aceptado en las sociedades americanas.
A fines del año pasado, la Corte Interamericana emitió una sentencia histórica en un caso sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México. La Corte concluyó que la ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir. La situación en Ciudad Juárez se repite en otras ciudades y países de la región.
En muchos países hay un reconocimiento formal y jurídico de la violencia contra las mujeres como un desafío prioritario, pero existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial . Es urgente e indispensable redoblar los esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres, que cobra miles de vidas cada año y genera daños físicos, psicológicos y emocionales a las víctimas directas de esa agresión, así como a familiares y a la sociedad como un todo. Para garantizar el derecho a una vida digna de todas las mujeres de las Américas, es imperativo acabar con el patrón de impunidad que existe en muchos países. La única manera de combatir la impunidad es diseñar políticas estatales para garantizar una respuesta judicial idónea, que sea inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial, ante cualquier acto de violencia contra una mujer.