20 de junio de 2016 00:00

Las deudas trastocan la relación entre el Régimen y los GAD

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Redacción Guayaquil

El ajuste en las finanzas de los gobiernos locales también implica un cambio en la relación política con el Gobierno. El Estado redujo USD 204,1 millones en las asignaciones presupuestarias para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para 2016, con relación a la meta inicial.

La Ley de Equilibrio Fiscal permite reducir o aumentar las asignaciones en función de los ingresos petroleros y tributarios del Estado. Eso significa un golpe a las economías de los gobiernos locales, sobre todo los pequeños, que dependen en gran parte del flujo estatal. 
Rafael Dávila, prefecto de Loja, dice que actualmente hay diferentes posturas políticas frente a ese escenario.

Añade que las autoridades más cercanas al Gobierno evitan ser muy críticas, pero la mayoría tiene una postura crítica pues también deben cumplir su plan local de obras. 
Según Dávila, a las prefecturas se les debe USD 111,2 millones para ejercer la competencia de drenaje y riego; también 47,8 millones por la devolución del IVA.

Más las transferencias mensuales -del mes de mayo y una parte de abril- que derivan del Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descentralización (Cootad), cuyas asignaciones han sufrido traspiés económicos. 
Las autoridades locales reconocen que el Gobierno central había sido muy cumplido, aunque ahora está en un escenario de crisis.

Por eso, los municipios pequeños están obligados a reprogramar sus obras.
Narcisa Párraga (PS), primera vicepresidenta nacional de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y alcaldesa de Puerto Quito (Pichincha), anota que los recortes generan preocupación, pero cree que los alcaldes entienden que existe una crisis económica que también los obliga a ser austeros en las obras.


Considera que aún se mantiene la buena relación, pues este Gobierno apoyó al municipalismo en los últimos años. Su Municipio recibirá este año USD 3,6 millones, mientras el 2015 fue de 4,7 millones. 
El sociólogo urbano Gaitán Villavicencio sostiene que normalmente en época de crisis la relación de los GAD con el Gobierno se deteriora. Uno de los factores para eso es que la mayor parte de las autoridades que apoyan al oficialismo no es militante de Alianza País, sino que los ha ido cooptando con obras.

Los gobiernos locales sienten un doble recorte por las reformas y por el ajuste luego del terremoto. Además, la reprogramación de la obra los obliga a dejar de cumplir algunas ofertas y localmente ese escenario afecta su imagen. 
Según Villavicencio, el presidente Rafael Correa sabe que “su gran riesgo es perder el capital político” que logró con los gobiernos locales, pero que ya sintió un golpe en las elecciones seccionales del 23 de febrero del 2014. 


“No hubiese sido tan duro si hubiera logrado una estructura política fuerte. Pero cooptó adherentes muy débiles que se ligaron al proyecto de la revolución ciudadana”, añade.
 Anita Rivas, alcaldesa de Orellana, reconoce que los recortes han golpeado a los municipios, pero la situación económica actual “no debe borrar” el respaldo que ha dado a los GAD.

Comenta que en marzo el Gobierno acreditó los respectivos USD 1,3 millones adeudados, pero por abril recibió 901 mil.
Miriam Lucas, alcaldesa de Playas (AP), lamenta que esté parada la entrega de créditos con un alto porcentaje no reembolsable para obras locales, pero mantiene el respaldo al Gobierno. En el inicio de su mandato recibió para la dotación de alcantarillado sanitario USD 3,5 millones, con un 65% no reembolsable.

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