27 de marzo de 2018 00:00

Un proyecto de ley económico urgente para emitir más deuda pública

Lectura del informe borrador de la veeduría y de la Contraloría sobre la deuda pública. Foto: Patricio Terán, archivo / EL COMERCIO

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Evelyn Tapia y Patricia González. Redactoras (I)

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El Gobierno necesita enviar un proyecto de ley económico urgente para contratar nueva deuda pública.

El secretario de la Política, Miguel Carvajal, lo dejó claro el fin de semana, en un encuentro con Alianza País, donde reconoció que la situación de la caja fiscal es crítica. “No hay plata. Tenemos dificultades enormes para salir al mes con los pagos que tiene que realizar el Estado”, señaló.

Según el funcionario, Finanzas requiere realizar dos procesos de endeudamiento más este año para solventar esta situación, pero no existe claridad sobre si puede acudir al mercado internacional. La razón: no hay certeza del nivel de endeudamiento actual.

“En junio necesitamos colocar bonos y no se pueden emitir porque no se sabe cuáles son los parámetros para medir (la deuda) y necesitamos enviar una ley económica urgente para que la Asamblea defina cómo se va a medir la deuda”.

Oficialmente, en el portal del Ministerio de Finanzas consta que la deuda consolidada del país alcanzó el 34% del PIB a finales de enero pasado.

Pero el borrador del examen especial a la deuda, presentado el 14 de marzo por la Contraloría, señala que ya se sobrepasó ese límite, pues las obligaciones superaron los 65 749 millones del PIB en diciembre del 2016. “Si estamos en el 67% en relación con el PIB, ya no podemos endeudarnos hasta que la Asamblea elimine el techo y nos diga cómo se calculan las obligaciones”, dijo Carvajal.

Eso abre dos escenarios. El primero es que el Fisco tiene que pedir autorización constante a la Asamblea cada vez que quiera endeudarse. Según el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, la deuda pública no puede superar el 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

El límite solo se puede sobrepasar en casos excepcionales, cuando se trata de programas de inversión pública. Pero se requiere autorización de la mayoría absoluta de la Asamblea. Según la norma, en ese caso el Gobierno deberá implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal.

Para Eduardo Valencia, miembro de la veeduría que acompañó a Contraloría en la auditoría de la deuda pública, el límite se sobrepasó. Cree que no sería recomendable que se pida autorización por cada operación nueva a la Asamblea, “sería desgastante desde el punto de vista político. Lo recomendable sería que se establezca un plan de reducción gradual del déficit hasta lograr un equilibrio fiscal.

El segundo es eliminar el techo. Para Magdalena Barreiro, exministra de Finanzas, la salida es presentar al Legislativo un programa de ajuste fiscal, como establece la Ley, que le permita regresar a niveles adecuados de endeudamiento.

“Una solución podría ser eliminar el techo legal, pero con un compromiso legal y anual y acordado con Finanzas para reducir el déficit, porque así se reducen las necesidades de financiamiento”.

Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, reconoció que el país enfrentaba dificultades de liquidez a finales de cada trimestre. “Por eso el año pasado se tuvieron que tomar los USD 300 millones del fondo del terremoto, pero nos ahorramos emitir esa misma cantidad”.

De la Torre señaló que el país todavía está por debajo del techo permitido. “No tome en cuenta lo de la Contraloría, por cuestiones de otra índole quieren sumarle cosas que no son. La deuda que cuenta para la relación con el PIB, según los parámetros internacionales y la norma vigente, es la consolidada y esa está en 38% del PIB”.

Aun así, una próxima emisión elevaría el endeudamiento por sobre el límite legal.

Carvajal también se refirió a la sostenibilidad financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “El IESS está quebrado. El Fondo de Pensiones está en una situación tremendamente grave”.

La semana pasada, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la norma que eliminó el aporte fijo estatal del 40% al fondo de pensiones del Seguro Social, el 2015.

Felipe Pezo, vocal de los empleadores ante el Directorio del IESS, reconoció como positiva la decisión de la Corte sobre la restitución del 40%. No obstante, la medida tendrá efecto a partir del próximo año y no de manera retroactiva.

“Cualquier ingreso es bueno. No es lo perfecto. Pero va en el sentido correcto”, afirmó Pezo.

La experta Carmen Corral recalcó que, efectivamente, la situación del fondo de pensiones es “tremendamente grave”. La abogada señaló que esto se debe a “medidas irresponsables que se tomaron en el Gobierno anterior”.

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