En 2016, el entonces ministro de Finanzas, Fausto Herrera, firmó un crédito con el CDB. Foto: Archivo/Cortesía Finanzas
El monto de amortización de la deuda pública – es decir, el pago de capital de deudas adquiridas en años anteriores y que debe honrar anualmente el Fisco– crecerá 60% en el 2017 frente al año pasado.
Las amortizaciones alcanzarán USD 7034 millones hasta el cierre de este año, según datos de la Pro Forma presupuestaria que llegó el viernes de la semana pasada a la Asamblea, según dijo ayer el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre.
La cifra es USD 2 467 millones mayor a lo pagado el año pasado, según datos de la ejecución presupuestaria.
Para Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, es difícil estimar la razón de ese aumento, pero podría estar relacionado con la renovación de la deuda interna que se hace cada año y por el aumento de la deuda externa en 12 meses.
Durante los primeros seis meses de este año el Gobierno ha pagado USD 1 996 millones de capital. Esto implica que para la segunda mitad del 2017 tendrá que financiar un monto total de USD 5 038 millones.
Además de este rubro, el Gobierno deberá cubrir el pago de los intereses que generan esas obligaciones (USD 2 247 millones proyectados este año) y también cubrir el llamado déficit fiscal (falta de ingresos para cubrir los gastos).
El panorama se ve complicado considerando que el país no contará en la segunda mitad de año con los ingresos adicionales que dejó el aumento temporal del impuesto al valor agregado (IVA)al 14% y tampoco recibirá los ingresos por salvaguardias. Además, apenas se espera un crecimiento del 0,7% de la economía.
La eliminación de los dos puntos de IVA y de las sobretasas ocurrió en junio pasado.
Por esto, Carrera considera que el Estado no cuenta con los ingresos suficientes y que estos se han sobredimensionado en la Pro Forma en unos USD 2 200 millones, específicamente en los ingresos provenientes de tributos y de otras transferencias y donaciones corrientes. Las consecuencias serán un aumento del déficit y más necesidades de recursos.
El Ministro de Finanzas ha explicado que la proyección de ingresos se basa en una recuperación de la recaudación. Hasta junio el cobro de tributos subió en un 11%.
De la Torre dijo que logrará reducir el déficit fiscal de este año con una política de austeridad fiscal, que incluye frenar nuevas contrataciones en el sector público, venta de algunos activos estatales como la central Sopladora, menor gasto en publicidad y en consultorías, y otros recortes.
Para Victor Hugo Albán, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, la salida será buscar más financiamiento, es decir, la deuda se pagará con más deuda.
Conseguir los recursos cuando los precios del crudo no parecen recuperarse puede ser un verdadero desafío para un país como Ecuador, cuyo presupuesto y exportaciones dependen de esos ingresos.
Eso se ha reflejado en las altas tasas de interés que debe cancelar el país en el mercado internacional, entre el 9,1 y 10,75%. La última colocación importante que realizó Ecuador y que fue anunciada por Finanzas fue la emisión en el mercado internacional de USD 2 000 millones en bonos.
Para Carrera, una nueva colocación es posible, pero con tasas altas debido al actual riesgo país (ayer fue de 646 puntos). Para bajar el riesgo sería clave una severa restricción de gasto interno.
El Ministro de Finanzas explicó ayer que el Gobierno ha pensado en una “gestión técnica de pasivos”. La idea es que a futuro, cuando baje el riesgo país, se consiga créditos a largo plazo y con bajas tasas de interés para prepagar una deuda que es más cara.
Dijo que no se renegociará la deuda y que no se ha enviado ninguna misión a China. También señaló que la Pro Forma de este año no incluye alzas de tributos.
La Asamblea, que retomará sus actividades este 15 de agosto, se prepara para el análisis del documento. El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz, explicó ayer que ese día se espera que el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) trate el texto y lo remita a la mesa económica.
Los legisladores trabajarán entre cinco y seis días de manera intensiva. Invitarán a comparecer a las autoridades económicas. Para Muñoz, no se advierte en las cifras una caída dramática del crecimiento y considera que la economía está mejorando.
En contexto
La Asamblea tiene 30 días para discutir la Pro Forma presupuestaria para este año. El Legislativo no podrá hacer cambios al documento, pero sí observaciones. Las comparecencias de las autoridades económicas empezarán a partir de la próxima semana.