4 de abril de 2018 00:00

Deuda: Contraloría recogió observaciones de veedores

El contenido del informe borrador de este examen se conoció el pasado 13 de marzo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El contenido del informe borrador de este examen se conoció el pasado 13 de marzo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Negocios
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El informe sobre el examen especial a la deuda pública está en su última fase. Tras la reunión que mantuvieron ayer (martes 3 de abril del 2018) los integrantes de la veeduría ciudadana -que acompañó en este proceso- con autoridades de la Contraloría General del Estado (CGE), se resolvió presentar los resultados entre mañana y el viernes.

En esa reunión de trabajo con los auditores se recogieron sus observaciones adicionales y finales para el informe. La Contraloría analizará esos criterios antes de emitir el documento definitivo.

Entre las sugerencias se planteó una mayor transparencia en el manejo de la deuda pública y la derogación de ciertas normativas y acciones del Ministerio de Finanzas, dijo Pablo Dávalos, académico universitario e integrante de la veeduría conformada por la Contraloría. “No se respetaron los canales institucionales, los marcos jurídicos, la deuda se utilizó para financiar el esquema monetario y se irrespetó la Constitución”.

La versión final del examen especial a la deuda pública se sustentará en el informe borrador que se presentó el 13 de marzo pasado y en la contrastación de los descargos presentados por los auditados sobre cómo se manejó la contratación de la deuda pública entre el 2012 y mayo del 2017.

En el documento se incluirán, además, observaciones y recomendaciones.

Los detalles de este documento se difundirán en la página web del órgano de control.

Eduardo Valencia, otro de los integrantes de esta veeduría, mencionó que tras concluir el plazo para que los auditados presenten sus descargos, se cotejó la información con las normas técnicas y así concluyó este examen especial, tras ocho meses de trabajo.

El Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que el límite de la deuda no debe superar el 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

Pero el Decreto 1218, emitido el 20 de octubre del 2016, reformó el reglamento de esa norma para cambiar el cálculo de ese límite. Específicamente estableció que en la fórmula no se incluya los créditos del Estado con otras entidades públicas. El resultado fue que el endeudamiento se redujo del 38 al 27,4% al cierre del 2016 con relación al PIB. La modificación hizo posible que el país pueda generar más operaciones de endeudamiento.

Pero en el informe borrador sobre la deuda pública, el órgano de control determinó que a fines del 2016 el Gobierno anterior superó ya el límite de endeudamiento establecido.

Para entonces el total de pasivos ascendió a USD 65 749 millones, esto incluye preventas de crudo, deuda a entidades públicas y contingentes. Esto representa el 68,4% del PIB de ese año. Si el informe final ratifica esa conclusión, el Fisco deberá pedir autorización a la Asamblea para gestionar nuevos créditos.

La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, señaló ayer que las preventas no deben considerarse dentro del cálculo de la deuda. “Hay que llegar a un consenso con respecto a la definición de deuda como tal, pero está claro que las preventas son operaciones comerciales, no son deuda”.

Añadió que el Gobierno analiza la posibilidad de incrementar el techo del 40% permitido por la Ley. “No soy partidaria de que se retire el techo, para nada. Estamos en un proceso de transición en el que será necesario incrementar temporalmente el techo, pero no será un aumento grande”.

Otras observaciones de Contraloría apuntan a la derogación de normas que posibilitaron un manejo discrecional de la deuda pública, por ejemplo, declarar como reservadas las operaciones.
A esto se suma la suscripción de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Finanzas y Petroecuador que permitió que la petrolera estatal gestione financiamiento con organismos internacionales cuando esto es responsabilidad de Finanzas.

La Contraloría determinó también que la Subsecretaría de Financiamiento Público no manejó de manera adecuada el archivo de información de los préstamos e incluso algunos expedientes fueron certificados 30 días después de su entrega a Contraloría.
Una vez se emita el informe, el organismo analizará si existen responsabilidades.

En contexto

El examen especial a la deuda pública interna y externa, del 2012 a mayo del 2017, arrancó en agosto del año pasado. Los 11 exámenes que se realizaron en años pasados contenían resultados parciales, según información de la Contraloría General del Estado.

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