13 de julio de 2017 06:39

Detenciones arbitrarias: otro signo de impunidad en México

Michel Chamberlin (c), subdirector del Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", habla durante una rueda de prensa sobre los crímenes contra la humanidad en el estado de Coahuila hoy, martes 11 de julio de 2017, en Ciudad de México

Michel Chamberlin (c), subdirector del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, habla durante una rueda de prensa sobre los crímenes contra la humanidad en el estado de Coahuila hoy, martes 11 de julio de 2017, en Ciudad de México (México). Foto: EFE

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Agencia DPA

El último informe de Amnistía Internacional (AI) señala que las detenciones arbitrarias son un mal generalizado en México, donde cualquier persona puede ser víctima de éstas sin que los responsables sean sancionados y que, además, abren la puerta a otro tipo de violaciones a los derechos humanos. A continuación, los puntos claves tratados en el informe "Falsas Sospechas: detenciones arbitrarias en México".

Detención Arbitraria: Se da cuando los policías que llevan a cabo el arresto no cumplen con los requisitos establecidos en la ley para garantizar el trato justo y los derechos humanos de la persona bajo custodia. Estos arrestos pueden tener un sesgo político, discriminatorio y pueden incluir violencia. Involucra tanto a los policías que hacen el arresto como a los agentes fiscales y las procuradurías encargadas de las investigaciones.

Violación de Derechos: Una persona que es arrestada tiene derecho a que se le informe el motivo de la detención y la autoridad que la ha ordenado. También debe tener acceso a una defensa legal y a comunicar su situación a sus familiares y allegados. Las detenciones arbitrarias se caracterizan por la ausencia de estos derechos.

Motivos: La extorsión, cuando la policía detiene a una persona con la finalidad de obtener un beneficio económico a cambio de su libertad; por venganza o represalia, que involucra a un tercero que paga a los policías para arrestar a alguien; detenciones con motivaciones políticas, en las que se fabrican pruebas para detener a personas que manifiestan su desacuerdo con el accionar de las autoridades; para investigar otro delito, cuando se detiene a alguien con pruebas falsas de algún delito menor para luego investigarlo por un delito que sí es grave.

Arrestro en flagrancia: Es la forma de arresto con mayor riesgo de caer en la arbitrariedad, según el reporte de AI. La figura de la flagrancia -cuando una persona es encontrada en el momento en el que comete un acto presuntamente delictivo- es utilizada muchas veces para que los policías y demás autoridades se ahorren el trabajo de investigar adecuadamente los delitos. Además, señala que muchas veces se "fabrica la flagrancia" para detener a alguien por un delito inexistente y dar la imagen de que la Policía hace su trabajo.

Víctimas: Los detenidos arbitrariamente suelen pertenecer a grupos que sufren "situaciones históricas" de discriminación, principalmente hombres jóvenes en situación de pobreza, indígenas o migrantes, documenta el reporte. Estas personas tienden a ser vistas como "sospechosas" por los policías, pero esas sospechas generalmente no están basadas en indicios tangibles o hechos claros. "(.) Muchos contactos entre policía y otras personas que culminan en arrestos se llevan a cabo con base en el perfil real o percibido de las personas, tales como su nivel socioeconómico, su color de piel, forma de vestir o de expresarse, etcétera", indica AI.

Tortura: El uso indebido de la fuerza, los malos tratos y la turtura están presentes en la mayoría de las detenciones, según detallaron los operadores de justicia entrevistados por AI. Se señala que algunas veces las personas bajo custodia son torturadas o maltratadas por parte de los policías para que admitan la comisión de un delito o para arrancarles confesiones. En los seis casos mostrados en el informe hubo uso de la violencia por parte de las fuerzas policiales.

Condiciones de trabajo:
Existe toda una cadena de factores que desembocan en las detenciones arbitrarias, empezando por la falta de capacitación para los policías en cuanto a derechos, derechos humanos, el sistema de justicia y los estándares del uso de la fuerza. Los bajos salarios de los cuerpos policiales -que pueden llegar a ser de 2 413 pesos (unos USD 120)-, así como la falta de equipos de protección o armamento calificado, dificultan su desempeño. Los operadores de justicia, además, pueden tener jornadas laborales de hasta 24 horas, lo que hace que sus condiciones de trabajo tampoco sean las ideales.

Impunidad: Amnistía señala que en México el 99 por ciento de los delitos quedan impunes y las detenciones arbitrarias no son la excepción, ya que nunca son procesadas penalmente. De los 32 estados del país, sólo dos han castigado casos de detenciones ilegales: Morelos, que entre 2014 y 2016 sancionó administrativamente a dos funcionarios de la fiscalía y 66 policías, y Coahuila, que en 2016 aplicó sanciones administrativas a 11 policías. Sin embargo, ninguno especificó en qué consistieron las sanciones o si se iniciaron acciones penales.

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