26 de agosto de 2015 00:05

Detenciones y agresiones se analizan en dos frentes

Nina Pacari, Julián Martínez, Carmen Lozano e Ivonne Ramos presentaron un informe de detenciones y agresiones. Foto: Patricio Terán/ El Comercio

Nina Pacari, Julián Martínez, Carmen Lozano e Ivonne Ramos presentaron un informe de detenciones y agresiones. Foto: Patricio Terán/ El Comercio

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 135
Triste 0
Indiferente 1
Sorprendido 1
Contento 15
Ana Guerrero

Las protestas indígenas y de gremios sociales en contra del Gobierno, registradas este mes, se analizaron en un estudio desde la sociedad civil, donde los resultados hablan de vulneración de derechos, agresiones e incluso afectaciones psicológicas a los manifestantes.

Las conclusiones se presentaron en un informe preliminar “sobre las estrategias estatales de control social y represión en el marco del paro nacional”. Este fue elaborado por el colectivo Investigación Acción Psicosocial, conformado, según Julián Martínez, por voluntarios investigadores, activistas y académicos vinculados a la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza desde el ámbito psicosocial.

La presentación se hizo en presencia de dos lideresas indígenas: Nina Pacari, abogada constitucionalista y Carmen Lozano, dirigente de mujeres de la Ecuarunari. En el documento se establece que entre el 13 y el 23 de agosto del año en curso se registraron 142 personas detenidas. Aunque, reconocieron que esta cifra no concuerda con la que maneja la Fiscalía, dato que a decir de la agrupación asciende a los 123 (hasta el 19 de agosto).

En la dependencia de justicia, en cambio, en el último corte proporcionado, desde el 13 hasta el 21 de este mes, fue de 126. En este grupo, el desglose apunta que, de acuerdo con el estado procesal, a 64 se les dictó prisión preventiva; a 17, medidas sustitutivas; a 22, medidas cautelares; a dos, labor comunitaria (menores de 18 años); seis, en investigación previa y dos medidas alternativas. Adicionalmente, en ese grupo, en cuatro casos se determinó que se trataban de contravenciones y en nueve, no se calificó la flagrancia.

En estos períodos se han producido protestas en sitios como Macas, Saraguro y Orellana. El delito más frecuente por el que se les ha acusado es paralización de servicios, seguido por ataque o resistencia y sabotaje. Para la constitucionalista se ha vulnerado el derecho a la resistencia. “Estamos en una disputa jurídica y política contra un gobierno que vulnera derechos”. No descartó que los casos vayan a la Corte Constitucional, de la que fue parte. “Desde la institucionalidad se promueve el racismo”.

Mientras tanto, ya dieron un paso para “romper el muro internacional”. La semana pasada, dijo, pusieron en conocimiento de la Relatoría de los Pueblos Indígenas la situación, para que sus delegados visiten el país.

La relatora especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz pidió que se lleve a cabo una investigación justa e imparcial de todos los hechos violentos denunciados por las diferentes partes, incluido el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y militares, y que se adopten las medidas necesarias para sancionar a los responsables y otorgar reparaciones a las víctimas”.

Para el Ministerio del Interior en la protestas de agosto hubo 113 “servidores policías” afectados. En esa lista, seis sufrieron fracturas y requirieron intervenciones quirúrgicas, con incapacidad superior a 21 días. En el caso de Orellana, la Policía de la zona, hubo uniformados golpeados y uno, incluso, con herida en la cabeza.

Por su parte, el presidente Rafael Correa, criticó a la prensa, en referencia a las protestas en su cuenta de Twitter: “…cuando Nebot mete preso a ciudadanos, estos son unos malcriados que ofenden a los agentes de tránsito. Cuando se detiene a quienes destruyen bienes públicos, golpean y secuestran policías y bloquean vías, se trata de ‘luchadores sociales’”. Además, en el conversatorio con los medios, ayer (25 de agosto) en Latacunga, el Primer Mandatario mencionó que “la victimización de la gente (...) es increíble lo que se inventan para hacer el mal”.

En las conclusiones del colectivo se señala que se “pueden identificar diferentes fases en las estrategias represivas empleadas por los aparatos estatales encargados del uso de la fuerza”.Mientras que en los detalles del Ministerio del Interior se menciona que “el infractor de la ley al cual enfrentamos, es muy intransigente y tiende a una extremada violencia”.

Pero, con versiones de lado y lado, las manifestaciones no pararán y, sostuvo Lozano, a la lucha se sumó un motivo: la libertad de “nuestros presos” y no se quedarán callados. Y el temor a la cárcel tampoco los detendrá, pues, para Pacari, el temor es inherente al ser humano, pero “tenemos una historia de resistencia”.

En una entrevista con Ecuadoradio el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, dijo que “se trata de la defensa de la libertad para nuestros hijos y de decir no al modelo cubano, que ha tenido aspectos positivos y otros negativos”.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (11)
No (18)