Fotografía de archivo fechada de 24 de abril de 2003 del exgobernador de Río de Janeiro Anthony Garotinho (izq.) dando la mano al exministro de justicia Marcio Thomaz Bastos en Brasilia (Brasil). Foto: EFE
La policía brasileña detuvo hoy, 13 de septiembre de 2017, a al exgobernador de Río de Janeiro Anthony Garotinho, quien ya había sido arrestado el pasado año por sospechas de fraudes electorales, aunque permanecía bajo un régimen de libertad vigilada mientras responde al proceso.
Garotinho, quien también es locutor, fue detenido en Río de Janeiro mientras presentaba su programa diario en la radio Tupi y deberá cumplir prisión domiciliaria, tras la orden expedida por el juez Ralph Manhs, según informaron medios locales.
Garotinho, gobernador de Río de Janeiro entre 1999 y 2002, fue acusado el año pasado de dirigir una trama de corrupción en el marco de las elecciones municipales celebradas en octubre, mediante la cual se habría repartido dinero entre electores para que votaran por determinados candidatos.
Tras su arresto, sufrió un colapso nervioso y debió ser ingresado en un hospital, pero recibió el alta un día después y fue trasladado al presidio de Bangú.
No obstante, un juez le otorgó días después la libertad vigilada, de la que disfrutaba hasta este miércoles.
La Policía también detuvo el año pasado a otro exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral (2007-2014), acusado de fraudes con contratos que le habrían valido unas comisiones ilegales de millones de dólares.
Cabral fue condenado a más de 14 años de cárcel, acusado de desvíos millonarios de dinero, mientras Río de Janeiro vive una de las peores crisis económicas de su historia.
Los escándalos de corrupción se han multiplicado en los últimos años en la “Ciudad Maravilhosa“, una de las postales más representativas de la crisis de Brasil, e incluso han salpicado los Juegos Olímpicos de 2016, objeto de varias investigaciones.
Las autoridades sospechan que Brasil sobornó a miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) para obtener la sede de los juegos, los cuales fueron un “trampolín para actos de corrupción de dimensión olímpica”, según denunció la Fiscalía.
La justicia tiene en su punto de mira al presidente del Comité Olímpico del país, Carlos Artur Nuzman, así como muchas de las obras realizadas para acoger la cita deportiva, bajo la presunción de que hubo irregularidades y sobreprecios en los contratos, que habrían acabado beneficiando a políticos y empresarios.