31 de agosto de 2016 18:43

Destitución de Rousseff genera reacción diplomática en América Latina

La ahora expresidenta de Brasil Dilma Rousseff (d) abraza al senador Jorge Viana (espalda) hoy, miércoles 31 de agosto de 2016, en el Palacio de Alborada en Brasilia (Brasil). Rousseff afirmó, durante declaraciones a la prensa, que hoy se ha consumado un

La ahora expresidenta de Brasil Dilma Rousseff  abraza al senador Jorge Viana, el  miércoles 31 de agosto de 2016, en el Palacio de Alborada en Brasilia. Foto: EFE

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Agencia DPA

La destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil tuvo el 31 de agosto un fuerte impacto diplomático en los países de Latinoamérica más cercanos a la exgobernante de izquierda, que convocaron a embajadores o incluso congelaron relaciones.

La decisión del Senado de Brasil de poner fin a la presidencia de Rousseff después de un largo proceso de "impeachment" fue considerada un "golpe" por varios países latinoamericanos.

Venezuela anunció el congelamiento de las relaciones con Brasil y retiró a su embajador de ese país, una medida también adoptada por Ecuador, mientras Bolivia convocó a consultas a su representante diplomático.

En un comunicado, la Cancillería venezolana condenó "categóricamente el golpe de Estado parlamentario" consumado en Brasil, mediante el cual "peligrosamente se ha sustituido ilegítimamente la voluntad de 54 millones de brasileños, violentando la Constitución y alterando la democracia en este hermano país". "El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en resguardo de la legalidad internacional y solidaria con el pueblo de Brasil, ha decidido retirar definitivamente a su embajador en Brasil (Alberto Castelar) y congelar las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno surgido de este golpe parlamentario", detalló el comunicado.

El Gobierno de Maduro agregó que iniciará de inmediato un conjunto de consultas para apoyar al pueblo de Brasil, que ha visto "vulnerado su sistema democrático y desesperanzado en sus conquistas socioeconómicas".

El embajador boliviano en Brasil, José Kinn, fue convocado a La Paz por el presidente Evo Morales tras la destitución de Rousseff. "Estamos convocando a nuestro embajador en Brasil para asumir las medidas que en este momento se aconsejan", comunicó el mandatario boliviano en Twitter. "Condenamos el golpe parlamentario contra la democracia brasileña. Acompañamos a Dilma, Lula y su pueblo en esta hora difícil. Fuerza Dilma", escribió.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, también anunció el retiro de su embajador ante Brasil y consideró que destitución de la presidenta brasileña fue "una apología del abuso y la traición". "Retiraremos a nuestro encargado de la embajada. Jamás cohonestaremos estas prácticas, que nos recuerdan las horas más obscuras de nuestra América", dijo Correa en su cuenta de la red social Twitter.

Actualmente la embajada ecuatoriana en Brasilia está en manos de un encargado de negocios, ya que Ecuador retiró a su embajador titular, Horacio Sevilla, tras la suspensión de Rousseff en mayo al iniciarse el proceso de "impeachment".

La destitución supone "un serio riesgo para la estabilidad de nuestra región y constituye un grave retroceso en la consolidación de la democracia, que tanto esfuerzo y sacrificio ha significado para nuestros pueblos", indicó la Cancillería ecuatoriana.

El Gobierno cubano rechazó  "enérgicamente" la decisión del Senado brasileño y lo consideró como un "golpe de estado parlamentario-judicial".

La Habana resaltó la gestión de los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff, ambos del Partido de los Trabajadores (PT), por el "crecimiento productivo con inclusión social, la defensa de sus recursos naturales, la generación de empleo, el combate a la pobreza".

Cuba consideró que la situación política brasileña es "otra expresión de la ofensiva del imperialismo y la oligarquía contra los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe".

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también expresó el 31 de agosto su condena y auguró un retroceso democrático y en los avances sociales y económicos que habían impulsado Lula da Silva y Rousseff en los últimos 13 años, según la declaración oficial de la portavoz Rosario Murillo. Se trata de un proceso "injusto" y ha sido catalogado como "un golpe de Estado" que abriría "una etapa difícil" para el pueblo brasileño, afirmó la también primera dama.

En tanto, el Gobierno argentino, encabezado por el presidente Mauricio Macri (centroderecha), manifestó que "respeta el proceso institucional" en Brasil.

A su vez, el Gobierno de Macri "reafirma su voluntad de continuar por el camino de una real y efectiva integración en el marco del absoluto respeto por los derechos humanos, las instituciones democráticas y el derecho internacional".

El Senado de Brasil puso el 31 de agosto fin de forma definitiva a la presidencia de Rousseff, suspendida del cargo desde mayo por cometer presuntos delitos fiscales, después de que 61 senadores votaran a favor de su destitución. Sólo 20 legisladores, la mayoría de ellos del PT, rechazaron el controvertido "impeachment" iniciado hace casi nueve meses, en medio de la grave crisis económica brasileña.

El vicepresidente de Rousseff, el conservador Michel Temer, asumió oficialmente la jefatura de Estado, que ya ejercía desde el 12 de mayo, hasta las elecciones previstas para finales de 2018.

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