Dos organizaciones civiles y un estudio jurídico de Ecuador solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realice una visita al país para que constate las denuncias de supuesta injerencia política en la administración de justicia.
El documento de 29 páginas está dirigido a Paulo Abrao, secretario ejecutivo del organismo, y lo firman María Dolores Miño, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia; Martha Roldós, directora de la Fundación MilHojas y miembro de la Comisión Anticorrupción, capítulo Guayas; y, Hernán Ulloa, abogado de un grupo de exjueces que denunciaron la destitución de sus cargos por supuesta influencia en el Consejo Nacional de la judicatura (CNJ).
Según el documento, desde el 2014 “se ha venido configurando una situación sistemática de injerencia en la independencia de la judicatura en el país”, que viola los derechos humanos y la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y otros principios básicos de las Naciones Unidas.
También señalan la preocupación por la forma en la que la información ha sido manejada por las autoridades ecuatorianas. “Por un lado, los involucrados no niegan el contenido de mucha de esta información, mientras que las autoridades de investigación, fiscalización y control no iniciaron las investigaciones de oficio, o, en el caso de la Asamblea, obstaculizaron el pedido de enjuiciar políticamente al presidente del CNJ, Gustavo Jalkh.
En el escrito se describen las denuncias que ha hecho el grupo de exjueces sobre la injerencia política en su destitución bajo la figura del “error inexcusable” y las supuestas amenazas y presiones que han recibido de la Judicatura. Pero las autoridades de ese organismo han rechazado tales acusaciones y han solicitado que se muestren las pruebas. El caso también fue denunciado a la Fiscalía del Guayas.
En el documento además se hace referencia a los correos electrónicos filtrados entre altos funcionarios del Ejecutivo y otras de la Función Judicial.
En la carta se pide que la CIDH solicite información al Estado ecuatoriano sobre el número de jueces destituidos entre el 2012 y 2017 bajo la figura del error inexcusable, las acciones concretas que han ejecutado las autoridades para investigar y sancionar supuestos actos de corrupción en la justicia y las medidas que se tomaron para evitar la injerencia.
Por ello, exhortan a que el organismo solicite al presidente Lenín Moreno para que formalice una invitación para la CIDH pueda realizar una visita al país y constate de primera mano las denuncias y otros hechos que ponen en “entredicho” el cumplimiento del Estado con el respeto a los derechos humanos.
El abogado Hernán Ulloa, acompañado de algunos exjueces, insistió la tarde de este miércoles 11 de octubre del 2017, en un apoyo público del Presidente Moreno para que se investigue la supuesta injerencia en la justicia y además pidieron una audiencia para presentar las pruebas.