2 de July de 2009 00:00

Es desmedido afirmar que se trata de una agresión a Colombia: Gobierno

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Quito, AFP

Ecuador sugirió hoy a Colombia que no agrave la crisis que mantiene rotas las relaciones diplomáticas, al juzgar como “desmedida” la reacción de Bogotá a una orden de arresto contra el ex ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, por un ataque militar en territorio ecuatoriano.

“No es ninguna agresión a Colombia. No tienen que complicarse los dos niveles, el judicial y el político. Nosotros aspiramos que los procesos judiciales se desenvuelvan en el ámbito judicial y los políticos en el ámbito político”, declaró el ministro ecuatoriano de Seguridad, Miguel Carvajal.

El funcionario dijo a radio Sonorama que, “siendo un proceso judicial (...), es absolutamente desmedido, inadecuado, pretender responder -como lo ha hecho el ex ministro Santos- diciendo que esto es una agresión a Colombia”.

Un juez ecuatoriano ordenó el lunes la captura de Santos por su presunta responsabilidad en la muerte de 25 personas, incluido el jefe rebelde Raúl Reyes, durante un ataque a una base clandestina de las FARC en Ecuador en marzo de 2008.

En la acción también murieron cuatro mexicanos y un ecuatoriano que se encontraban en el campamento bombardeado. El ataque luego causó la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales.

Santos -quien dejó el Ministerio de Defensa para postularse a la Presidencia- consideró como una agresión a su país la orden de arresto.

“Ecuador es un país de derecho”, replicó Carvajal y añadió que en el caso de la incursión colombiana “hubo un hecho violento”, una “violación a la soberanía ecuatoriana” y “fuerzas militares durante once horas ejerciendo autoridad en territorio ecuatoriano, personas que murieron”.

“Eso es un hecho público que amerita una investigación”, enfatizó.

El miércoles el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, dijo que la decisión judicial contra Santos “es una amenaza a los colombianos, es una amenaza de negarles a los colombianos el derecho de recuperar la seguridad”.

Además su gobierno expresó “categóricamente la falta de jurisdicción del Estado ecuatoriano” para procesar a Santos.

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