7 de noviembre de 2017 17:02

Desconocimiento influye para no denunciar los abusos en el campo

En Cotopaxi, los niños caminan desde sus comunidades hasta las escuelas. Los menores prefieren ir en grupo. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

En Cotopaxi, los niños caminan desde sus comunidades hasta las escuelas. Los menores prefieren ir en grupo. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

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Fernando Medina y
Cristina Márquez (I)

Es miércoles por la tarde y una leve llovizna cae en las polvorientas calles de Apahua.

En esa pequeña comunidad indígena de Cotopaxi, a 4 000 metros de altitud, vive Liliana, una adolescente de 16 años.

Ese día, la joven caminaba por una ladera cubierta por neblina. Vestía un poncho rosado, falda negra hasta las rodillas, sombrero de paño y unos zapatos enlodados. Su padre la seguía y dijo que siempre camina con ella.

En tres minutos, la adolescente cuenta que desde hace un año asiste a reuniones para saber qué es el abuso sexual y cómo denunciarlo. Esas charlas son impartidas por Plan Internacional, un organismo que protege a los niños que viven en zonas fronterizas, rurales o son de origen indígena.


En el caso de estas últimas, un estudio presentado por este organismo en julio reveló que niños de comunidades de Pichincha, Cañar, Azuay, Chimborazo y Cotopaxi sufren varios tipos de violencia, entre ellos la sexual. Eso se constató a través de una encuesta a 388 madres, quienes indicaron que sí conocieron casos de niñas que padecieron abusos, violaciones, acoso y manoseos.

Eso también cuentan Liliana y su padre, aunque dicen que en Apahua no se ha conocido de ningún caso, pero sí en otras tres localidades. Una de esas es Zumbahua. En el centro de salud de esa parroquia, los médicos recuerdan que hace un año llegó una niña por emergencias. Tenía una fuerte infección urinaria y luego de practicarle exámenes se determinó que alguien le tocaba los genitales con las manos sucias. Ahora la menor está en terapia y el caso se investiga.

José Cuchiparte
es presidente de la Junta Parroquial de esa localidad. El miércoles desde su oficina, en el centro de Zumbahua, confirmó que sí se han registrado ataques a menores, pero no detalla cuántos, pues dice que pocos denuncian.

En ese Cabildo no hay datos específicos de estos hechos. Para Plan Internacional, la falta de estas estadísticas dificulta conocer cuál es la magnitud real del problema.

Alejandra Estrada es una de las investigadoras del estudio de Plan Internacional. Ella detectó que las niñas no cuentan las agresiones por tres motivos. El primero, porque las familias tienen vergüenza; el segundo, porque las menores no saben que tienen que denunciar; y el tercero, porque los servicios de justicia están alejados de las comunidades.

En Cotopaxi, los niños caminan desde sus comunidades hasta las escuelas. Los menores prefieren ir en grupo. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

El presidente Cuchiparte lo reconoce, ya que para denunciar algún delito, las familias deben viajar una hora en bus para llegar a Pujilí, en donde hay una oficina de la Fiscalía. En esas instalaciones hay un fiscal que maneja los problemas de las comunidades. La atención es de lunes a viernes de 08:00 a 17:00. Si existe una emergencia fuera de ese horario, las personas deben viajar otros 20 minutos más hasta Latacunga. Pero dos fiscales que manejan estos casos en Cotopaxi dicen que visitan constantemente las comunidades. Ellos dan capacitaciones de cómo denunciar los hechos.

La falta de denuncias no fue lo único que detectó el estudio de Plan Internacional, sino también los lugares en donde se producen los ataques.

Se identificaron cinco espacios de riesgo: cuando caminan por las carreteras, cuando pastan animales en el campo, en mingas comunitarias, en fiestas y en sus propias casas.

Por ejemplo, ese es el caso de dos menores de 14 años, quienes relataron cómo un amigo de su padre les topaba las piernas y les obligaba a que lo besaran. Las niñas fueron atacadas durante los bailes de la comunidad o cuando su padre lo invitaba a comer a su casa.

A las 388 encuestadas se les preguntó si “usaron algún tipo de denuncia” cuando conocieron de casos de violencia y la respuesta del 82% fue que no, mientras que un 18% dijo que sí lo reportó. 

En los casos que sí hubo denuncias, las advertencias han quedado dentro de la misma comunidad. Los dirigentes solucionan los incidentes a través de acuerdos entre la familia de la víctima y del agresor.

Eso ha ocurrido en Cotopaxi y Chimborazo. Las familias de las niñas han recibido indemnizaciones entre USD 1 000 y 3 000. En otros casos les entregan terrenos o animales como borregos, vacas y llamas, según el estudio de Plan Internacional.

Para la Fundación Nosotras con Equidad de Riobamba, estas salidas no son lo ideal, pues el agresor queda excento de una condena penal.

Por ejemplo, en el 2011 un hombre abusó de una menor de 12 años. En las leyes indígenas él habría sido castigado, pero no enviado a la cárcel. La Fundación logró que el caso sea procesado penalmente y el hombre fue sentenciado a 26 años de cárcel, pues
abusó de la menor por reiteradas ocasiones.

Por eso, la Fundación advierte que los abusos deben ser tratados por la justicia penal. Actualmente eso se analiza en la Judicatura. Allí se han organizado diálogos con las comunidades para ajustar los ejes de las leyes indígenas.

En esas conversaciones ha participado Yaku Pérez, presidente de la Ecuarunari.

Para él, el pueblo indígena sí está preparado para actuar en estos casos a través de la justicia indígena. Entre las sanciones que tienen para los responsables están trabajos forzados sin salario y castigos con ortiga y agua fría. Además, tienen que pedir perdón a la familia de la víctima y a la de él mismo.

Incluso, dice que se podría dar el caso de que el agresor se vaya de la comunidad por su propia cuenta, lo que en el ámbito indígena es la mayor deshonra que tiene una familia.

En cuanto a las víctimas, las tradiciones ancestrales fijan una terapia curativa. Las mujeres más antiguas de la comunidad asisten a las víctimas con baños de hierbas medicinales para que olviden los hechos.

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