31 de julio de 2015 22:33

Desarticulan una red que introducía 150 indocumentados cada semana a Estados Unidos

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Agencia EFE

Las autoridades estadounidenses desarticularon, con la detención de 25 personas, una red de tráfico de personas que introducía en EE.UU. a 150 indocumentados cada semana a través de la frontera entre Texas (EE.UU.) y México, según informó hoy, 31 de julio de 2015, el Departamento de Seguridad Nacional.

Esta red, que estaba liderada por Jaime J., de 49 años y natural de San Antonio (Texas), introdujo en los últimos años a "miles de indocumentados" a cambio de "millones de dólares", explicó en rueda de prensa James Spero, agente a cargo de la investigación en San Antonio.

Los traficantes cobraban USD 5 000 a cada indocumentado, lo que convertía a la red en una "organización multimillonaria", en palabras de Spero.

La red introducía a los inmigrantes a través de la ciudad fronteriza de Laredo y los trasladaba a las urbes de San Antonio, Austin o Dallas, en EE.UU.

Además, los investigadores creen que la red liderada por Jaime J. tenía vínculos con carteles mexicanos de la droga y que un 10% de sus ingresos estaban destinados a llenar las arcas de estas organizaciones criminales.

Aunque los oficiales no se aventuraron a dar nombres, es el cartel de Los Zetas el que tiene mayor implantación en la zona de Laredo y gran parte de la frontera entre México y Texas.

Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos para el distrito oeste de Texas, Richard Durbin, apuntó que las cifras en las que se movía esta red demuestran que "la frontera está bajo control".

"No se trata de una frontera porosa por la que la gente entra con facilidad. Si la entrada fuese simple, no sería necesario exponer a la gente a los peligros a los que se les expone ni cobrar los tarifas que cobran", dijo.

Hace unos años, el precio por cruzar la frontera era de USD 1 500, aseguró.

En el operativo, que se desarrolló esta semana, los agentes se incautaron de USD 187 000, 19 vehículos y tres armas de fuego.

Los detenidos enfrentan penas de hasta 10 años de cárcel y multas de hasta USD 250 000 cada uno.

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