14 de January de 2010 00:00

El derecho a la resistencia

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Fabián Corral B.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El artículo 98 de la Constitución establece: “Los individuos y colectivos pueden ejercer derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o pueden vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

¿Cuál es la filosofía que esconde esta norma, cuáles sus implicaciones, alcances y consecuencias?

1.- La desobediencia al derecho y al poder.  Es principio básico de los Estados modernos el de la sujeción general al Derecho, el de la obligatoriedad ante la norma jurídica y los actos legítimos del Estado, que gozan siempre de condición coactiva, bajo  el supuesto de que no es posible resistir al ordenamiento jurídico desde acciones de hecho, aun cuando se disfracen de “acciones ciudadanas” como dice el art. 99 de la Constitución.

La resistencia es más bien una opción ética y una vía política y, en los sistemas constitucionales normales, no es un canal legal, y menos aún, constitucional para enfrentar al poder establecido y a su sistema de decisiones y  reglas, de allí que deba mirarse con cuidado el contenido y alcance del art. 98 de la Constitución, que rompe el sistema general de sujeción y franquea la posibilidad de que las personas y “los colectivos” cuestionen una norma, un acto o un contrato y se opongan a su ejecución alegando que, a su juicio, “vulneren o puedan vulnerar derechos constitucionales”.

Si la nueva Constitución es abundante en acciones y garantías constitucionales, como las de protección, hábeas corpus, hábeas data, de incumplimiento y extraordinaria de protección (arts. 89 a 94),  ¿por qué establecer esta acción de resistencia civil, o más bien de desobediencia, que se aparta del sistema jurídico general de amparo a los derechos constitucionales? Ante la pregunta hay dos posibles respuestas:  (i) se trataría de  consagrar, en verdad, un sistema de desobediencia al derecho y al poder, de rebelión ante el sistema, un método atípico de participación política dirigido a frustrar leyes, planes o acciones de gobierno, que si bien pueden romper la legalidad, sin embargo, tendrían justificación moral o política (Bobbio y Habermas); o,
(ii) se trataría de “burocratizar la resistencia”, de reglar de tal modo la rebelión, que la sociedad civil quedaría sujeta, hasta en ese aspecto moral y político, al régimen de permisos gubernamentales. Se podría pensar que la idea es esa, dado al contenido del art. 99 de la Constitución, que  articula la resistencia, sometiéndola a un trámite que se ejercerá “ante la autoridad competente de acuerdo con la Ley”. ¿Puede llamarse a este tipo de “acción” que obra dentro del sistema y con sujeción al poder, “derecho a la resistencia”?, ¿se trata de una resistencia “reglada”?

La desobediencia civil tiene fuentes morales y políticas, no fuentes jurídicas, de allí que si el texto en cuestión alude a una forma de desobediencia, resulta sui géneris que la resistencia se transforme en un derecho condicionado a lo que el Estado a quien se ataca por sus actos u omisiones,  tramite y disponga. Entonces el derecho a resistir se diluirá en el mundo de los permisos, los trámites y las resoluciones administrativas y quedará así neutralizado. El tema es extremadamente problemático, tanto que las propias autoridades, con seguridad,  quedarán enredadas en un sistema de “tramitación” de la rebeldía ciudadana con todas las implicaciones, contradicciones y equívocos que ello supone y con la tentación de disolver el tema  e inclusive neutralizarlo.

2.- La resistencia frente a las personas naturales o jurídicas privadas.  El art. 98 de la Constitución establece también la posibilidad de que individuos o colectividades puedan ejercer resistencia frente a acciones u omisiones de personas naturales y jurídicas de derecho privado, tema que abre otras y más complejas interrogantes. En efecto, (i) cualquier actividad privada que se considere que “puede” afectar derechos constitucionales de un individuo o de una colectividad, será susceptible no solamente de la acción judicial de amparo constitucional, que hoy se denomina  de “protección”, sino, además, de la “acción de resistencia”, lo que supone una compleja y riesgosa exposición que puede complicar notoriamente las inversiones y el desarrollo normal de actos provenientes del derecho de propiedad y de disposición. La norma admite, en este caso, una apreciación subjetiva respecto de lo que se puede considerar afectación real o potencial a derechos constitucionales; (ii) la redacción del texto constitucional involucra no solamente a los actos de personas o empresas privadas sino también a sus “omisiones”.

La omisión como fundamento de la acción de resistencia puede ser algo más claro en el caso del Estado, que será susceptible de resistencia por todos los derechos que deje de dar a los ciudadanos, tanto más que ahora todos los derechos, incluso los económicos, sociales y culturales son de igual valor y se equiparan a los derechos fundamentales y son además exigibles por la vía judicial (arts. 11, nro. 3 y 6). Las omisiones como fundamento de la acción de resistencia será tema harto más difícil en el caso de las empresas privadas.
3.- La resistencia como medio para demandar nuevos derechos. Un asunto que puede resultar extremadamente complicado tiene que ver con el hecho de que  el art. 98 de la Constitución establece que la resistencia civil tendría también por objeto “demandar el reconocimiento de nuevos derechos”. La doctrina acepta las denominadas acciones de desobediencia civil,  para oponerse, por fuera del ordenamiento jurídico, a acciones concretas del Estado que afecten derechos. Son más bien vías políticas antes que jurídicas.

Extender esta acción de resistencia para lograr el “reconocimiento” de nuevos derechos, más allá de los que ya constan en la Constitución o en la Ley, puede legitimar las prácticas ya usuales en el Ecuador de lograr ventajas, contratos colectivos etc., ejerciendo la resistencia que puede convertirse en un dolor de cabeza para las autoridades.

¿Sería una forma de legitimar los paros y las movilizaciones? Podría pensarse que la ley limitará esa acción, pero la Constitución elimina esa posibilidad cuando dispone en el art. 11, nro. 4 que “ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)