26 de abril de 2018 00:00

Hasta 100 denuncias han llegado a Fiscalía por el transporte de Quito

En los exteriores del Quicentro Shopping, la presencia de taxis es permanente. Foto: EL COMERCIO

En los exteriores del Quicentro Shopping, la presencia de taxis es permanente. Foto: EL COMERCIO

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María Belén Merizalde
mbmerizalde@elcomercio.com

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El jueves 19 de abril, la Fiscalía abrió indagación por una presunta asociación ilícita en temas de transporte urbano. Según la Fiscalía, en la última semana al menos 100 denuncias se han presentado en el despacho del fiscal (s) de Pichincha, Fabián Salazar.

Salazar encabezó el opera­tivo Ares, en el que se investiga a ocho personas, entre ellas dos concejales, dos funcionarios y dos exfuncionarios del Municipio de Quito y a dos personas externas a esa entidad, por una presunta asociación ilícita.

“A partir de lo que se hizo público, la gente se ha acercado y les he pedido que comparezcan y pierdan el miedo. No exagero, desde que se hizo público me atrevería a decir que son más de 100 personas que se han acercado”, dijo el fiscal.

Salazar confirma que no solamente los taxistas que buscaban legalizar su actividad serían los afectados por esta presunta red delictiva, sino que también existirían irregularidades en la entrega de permisos de operación para buses.

“A través de técnicas especiales de investigación, hemos podido recabar información y evidenciar cómo venían pactando quienes conforman esta organización criminal. Hemos podido evidenciar transacciones de dinero”, comentó el Fiscal.

Ante esto, el concejal Eddy Sánchez dijo a este Diario que ha revisado el expediente y se trata de una denuncia de una contratación de una empresa de limpieza en el 2013.

“Hay un seguimiento y escuchas telefónicas de seis ciudadanos, y yo no soy objeto de esas escuchas y tampoco el concejal Sergio Garnica, pero lo que nos supo decir el fiscal es que en esas escuchas hemos sido citados. Entonces, esto es objeto de una investigación. Si el fiscal ha dicho que tiene 100 denuncias, él tiene que procesarlas”, indicó Sánchez.

El edil Sergio Garnica, sobre las 100 denuncias, dijo que “va a permitir el esclarecimiento y en mi caso dejaré en claro que no tengo nada que ver con el caso que se está investigando”. Agregó que fue el único concejal que inició un proceso de veeduría respecto del tema de transporte.

Según las investigaciones, el pasado 14 de abril se habría concretado la entrega de un adelanto por USD 18 000.

Pero, ¿cómo funcionaba esta presunta red de corrupción? El fiscal prefiere no dar mayores detalles, pues al estar en instrucción fiscal se podría entorpecer el proceso.

Sin embargo, una de las presunciones que maneja la Fiscalía es que cada una de las personas que forma parte de esta presunta estructura cumplía un rol para su funcionamiento.

“Nos creaban problemas, para vendernos facilidades. Así era como funcionaba”, comentó un dirigente de una cooperativa de taxis informales que accedió a hablar con este Diario, pero con la condición de proteger su identidad.

Ellos explican que debieron vender sus pertenencias, empeñarlas o endeudarse, con el fin de conseguir el dinero que presuntamente les exigían para ser calificados como idóneos en el proceso de regularización de taxis, que arrancó en agosto del año pasado.

“Era un secreto a voces lo que ocurría”, señala otro de los dirigentes de una cooperativa de taxis informales, que presta sus servicios en el norte de Quito.
Comenta que la cuota que les pidieron ascendía a los USD 4 400, pero que incluso conoce de casos cercanos en donde debieron pagar hasta USD 7 500. Afirma que si en algún momento debe decir toda la verdad lo hará, pero por ahora siente temor.

Otros conductores, en cambio, decidieron no pagar las presuntas ‘cuotas’ que les exigían para salir favorecidos en dicho proceso, pues sostienen que eran cantidades imposibles de pagar.

Por ello, tras las primeras investigaciones realizadas, la Fiscalía presume que serían al menos USD 80 millones los que habrían pasado por manos de esta supuesta organización, pero esta cifra se confirmará mientras avance el proceso judicial y se presenten más elementos.

“Cuando empezó este nuevo proceso ya se escuchaba que debíamos pagar para poder salir como idóneos, pero yo ni siquiera lo intenté, porque no tenía de dónde sacar tanta plata”, comentó uno de los miembros de otra cooperativa de taxis informales que hablaron con este Diario.

Tras la presunta asociación ilícita, Salazar señaló que existen elementos para presumir la concurrencia de otros delitos como concusión, tráfico de influencias y enriquecimiento privado no justificado. Agregó que se podría abordar un nuevo delito: lavado de activos.

La concejala independiente Daniela Chacón acudirá a la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria y dar a conocer sobre el procedimiento que se siguió para aprobar la ordenanza para la regularización de taxis.

Ayer, los ediles de la bancada Alfarista fueron a la Fiscalía para exigir que se amplíe la investigación a otros funcionarios municipales.

Por otra parte, ayer miércoles 25 de abril del 2018, un funcionario de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) fue retenido, con fines investigativos. La Fiscalía informó que se analiza si este caso está vinculado con el proceso abierto el 19 de abril.

 

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