3 de noviembre del 2016 00:00

Menos de la mitad de denuncias de corrupción van a los juzgados

En el 2009, Raúl Carrión, exministro del Deporte, quedó libre, pero aún afronta otros juicios. Foto: archivo: Paul Rivas / EL COMERCIO

En el 2009, Raúl Carrión, exministro del Deporte, quedó libre, pero aún afronta otros juicios. Foto: archivo: Paul Rivas / EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Redactora (I)
ortizs@elcomercio.com

Las cifras son oficiales y revelan que menos de la mitad de las denuncias de corrupción que llegan a la Fiscalía General se convierte en juicios penales.

Esa institución reconoce que entre el 2005 y el 2015, la Contraloría le remitió 1 239 informes con indicios de responsabilidad penal por peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y tráfico de influencias en la administración pública.

De estos casos, 412 pasaron a instrucción fiscal, es decir, se encontraron sospechosos y fueron acusados en tribunales. El resto de informes penales, es decir el 34%, está en indagación previa (investigación).

¿Qué sucedió con otras denuncias? La Fiscalía reconoce que esos expedientes fueron archivados o desestimados por falta de evidencias.

La Contraloría lanzó datos más recientes y advierte que entre el 2007, cuando comenzó el Gobierno, y este año enviaron a la Fiscalía 2 057 informes con indicios de responsabilidad penal por anomalías.  

El último caso en el que están involucrados altos funcionarios del Gobierno es el relacionado con los sobornos al interior de Petroecuador.

De hecho, el presidente Rafael Correa ha reconocido que el caso del exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, es el “más grave en los 10 años de gobierno”.

Pero en la última década también han sido denunciados otros hechos de corrupción como el desvío de USD 7,3 millones del Ministerio del Ambiente hacia 76 cuentas bancarias; el sobreprecio en la compra de equipos deportivos en el Ministerio del Deporte; el de peculado en el banco Cofiec; el sobreprecio en los medicamentos del IESS y otros.

Por estos hechos, 60 personas recibieron sentencias condenatorias, 6 están prófugas y tres fueron halladas inocentes.

El fiscal General, Galo Chiriboga, dice que la entidad que él maneja ha mantenido una “lucha permanente contra la corrupción”. En una entrevista con EL COMERCIO resaltó las sentencias logradas en los casos que causaron conmoción.

Destacó, por ejemplo, la sentencia de ocho años de cárcel para Pedro Delgado, expresidente del Directorio del Banco Central, quien fue procesado por peculado en Cofiec.

No obstante, él no ha podido ser atrapado y solo dos personas guardan prisión: Antonio Buñay, expresidente de Cofiec y Francisco Endara, del Fideicomiso AGD-CFN.

Según esta entidad, en los últimos 15 años se han logrado 208 sentencias por delitos contra la administración pública y en 12 casos se han detectado un perjuicio de USD 40 millones para el Estado ecuatoriano.

No obstante, en los últimos días, la Fiscalía ha recibido duras críticas por la supuesta lentitud en sus actuaciones en el caso Petroecuador, ya que los 11 de 17 involucrados salieron del país antes de que la entidad solicite su orden de prisión.

El contralor Carlos Pólit considera que hay demora en la Fiscalía para procesar los informes que envió el organismo sobre ese caso. Por ello, la Asamblea analiza un juicio político contra Chiriboga.

La Contraloría también ha presentado otras estadísticas: entre el 2007 y el 2016 este organismo de control ha sancionado a 11 960 funcionarios con resoluciones administrativas por perjuicios al Estado.

Julio César Trujillo, integrante de la actual Comisión Anticorrupción, dice que existe una “sensación de impunidad” en los graves casos de corrupción detectados en el país.

Advierte que “esto se debe a que los organismos que deberían hacerlo no han actuado con más diligencia. Los principales responsables de estos hechos no están en la cárcel”.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creado por este Gobierno para transparentar la gestión pública, dice que trabaja para evitar estos problemas.

En el 2015 recibió 81 denuncias de supuesta corrupción. De ese total, 37 informes fueron remitidos a la Subcoordinación Nacional de Patrocinio para el inicio del trámite judicial. Otros 44, en cambio, se encuentran en investigación.

Sin embargo, el Consejo también ha sido cuestionado porque no ha detectado casos fuertes de corrupción e incluso se los ha identificado con el oficialista Alianza País.

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