5 de enero de 2017 00:00

343 denuncias por delitos sexuales en contra de alumnos 

Imagen referencial. Entre el 2012 y 2016, las autoridades han reportado 343 denuncias por delitos sexuales perpetrados en el sistema educativo o detectados allí.  Foto: Archivo / EL COMERCIO

Imagen referencial. Entre el 2012 y 2016, las autoridades han reportado 343 denuncias por delitos sexuales perpetrados en el sistema educativo o detectados allí. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Javier Ortega

Esa mañana de marzo del 2015 hacía calor en Quito. Daniela y otros estudiantes salieron de excursión a una piscina. Un grupo de profesores, entre ellos Jefferson, de Educación Física, guió todo el paseo.

Los pequeños nadaron, rieron y jugaron, excepto Daniela, de 4 años. Jefferson la apartó por un momento de sus compañeros y la llevó a un sauna.

Ahí le bajó el terno de baño hasta las rodillas y tomó fotos de sus genitales. Le dio la vuelta e hizo más imágenes. El sospechoso colocó otra vez el bañador y regresaron. Pero nadie notó algo extraño.

En casa, la menor relató esto a su abuela, mientras la duchaba. El sospechoso fue detenido y ahora paga una condena de siete años por abuso sexual.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tiene 12 artículos que castigan los delitos sexuales. Allí aparecen el abuso, acoso, violación, estupro, etc.

Isabel, una joven de 15 años, también estuvo a punto de ser agredida sexualmente. La tarde del 29 abril del 2016 su profesor de Educación Física la llevó desde Pasaje (El Oro) hasta un motel de Machala. Recorrieron la carretera por 50 minutos. Allí le aseguró que él le ayudaría a aprobar Matemáticas, que hablaría con su colega para mejorar la calificación.

En el motel, el docente empezó a acariciarla e intentó quitarle la ropa. Agentes de la Dinapen, que ya habían sido alertados, irrumpieron en la habitación y rescataron a la menor. Él estaba semidesnudo, solo cubierto con el bóxer.

Entre el 2012 y 2016, las autoridades han reportado 343 denuncias por delitos sexuales perpetrados en el sistema educativo o detectados allí. Este fenómeno incluso fue analizado por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU).

En su informe final, publicado el 28 de noviembre del 2016, el ente internacional reiteró su “consternación ante la persistencia de casos de abuso y violencia sexual a menores en centros educativos del Ecuador”. Por eso instó al Estado para que continuara “adoptando medidas necesarias para prevenir y eliminar estos casos”.

Pablo Ormaza, director para la Democracia y el Buen Vivir del Ministerio de Educación, habló con EL COMERCIO y señaló que desde esta secretaría de Estado se han “fortalecido las políticas de prevención”.

Infografía agresiones sexuales


A partir del 2014 empezaron a operar los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), en reemplazo de los Departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE).

El funcionario asegura que ahora su “razón de ser se centra en construir planes, programas y proyectos orientados a la prevención de todos los problemas que pueden darse en las instituciones y, particularmente, los de violencia y sus diferentes manifestaciones, entre ellas la de índole sexual”.

Actualmente hay 1 768 DECE activos en el país y 4 110 expertos que rastrean posibles agresiones en contra de alumnos.

Pero el Comité contra la Tortura no solo observó el tema educativo. También habló de las víctimas. Instó al Estado a velar por ellas, y a acompañarlas en los juicios hasta que reciban reparación integral.

Eso aún espera Petita Albarracín, madre de Paola, una joven guayaquileña de 16 años que se suicidó el 12 de diciembre del 2002 tras sufrir abusos sexuales de su vicerrector, durante dos años seguidos. La joven se enteró que estaba embarazada e ingirió fósforo blanco. Falleció en un hospital.

14 años después, Albarracín dijo que hasta ahora no hay ningún detenido por la muerte de su hija. Ella demandó a la institución, pero en el 2013 el caso fue archivado, a pesar de que el juzgado civil aprobó una indemnización económica.

El caso ahora se analiza en la CIDH. Albarracín y abogados del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer viajaron en octubre del 2015 a EE.UU. y relataron todo.

En Quito, los padres de los chicos que estudiaron en un centro educativo que funciona en Chillogallo también esperan que las medidas de reparación se cumplan.

En marzo, la Corte Provincial de Justicia ratificó la sentencia de siete años para José Negrete, un profesor de Ciencias Naturales que trabajó en ese centro. Fue acusado de perpetrar abusos en contra de los 43 estudiantes que integraron el Sexto C. Además tiene otra condena de 16 años por abusar de otra alumna de esa aula.

Mayra Soria, fiscal que indagó el caso, asegura que es uno de los procesos más duros que ha manejado. Durante la investigación, ella escuchó los duros testimonios de los niños.

El docente, que no tenía título universitario, reproducía películas pornográficas en clases y luego obligaba a los chicos a que se desnudaran y repitieran las escenas entre ellos.

En los relatos, las alumnas detallaron que las manoseaba, les introducía marcadores en sus partes íntimas o las obligaba a hacerle sexo oral a él o a los compañeros de clase.

Esto se repitió durante el año lectivo 2010 y se extendió hasta parte del 2011. En esa época los menores tenían 9 y 10 años.

Los padres de tres estudiantes recordaron esos hechos. Sienten impotencia porque, pese a que el responsable está en la cárcel, la unidad educativa no ha cumplido un fallo judicial que ordenaba develar una placa por las 43 víctimas y pedir disculpas públicas.

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