7 de julio de 2017 00:00

Denuncia por Caminosca apunta a Jorge Glas y Esteban Albornoz

Ayer, la Comisión Nacional Anticorrupción presentó una denuncia penal en la Fiscalía, por el caso Caminosca. Foto: Agencia API

Ayer, la Comisión Nacional Anticorrupción presentó una denuncia penal en la Fiscalía, por el caso Caminosca. Foto: Agencia API

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Javier Ortega
Redactor (I)

La denuncia penal apunta al actual vicepresidente Jorge Glas, al legislador Esteban Albornoz y a otros cinco funcionarios estatales.

En el escrito, de 10 páginas, se advierte que estas personas supuestamente recibieron USD 3,3 millones en sobornos de Caminosca.

Esta compañía, fundada el 13 de mayo de 1976, fiscalizó proyectos ejecutados por el anterior Gobierno, como la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, la Hidroeléctrica Toachi-Pilatón y la optimización de generación eléctrica del Distrito Amazónico.

Los contratos de las dos primeras obras ya son rastreados por la Fiscalía, como parte de la investigación en contra de la empresa Norberto Odebrecht.

Por eso, ayer, 6 de julio de 2017, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) presentó la denuncia penal en la Secretaría de la Fiscalía General y pidió a su titular, Carlos Baca Mancheno, que la indagación no solo se enfocara en la constructora brasileña sino que también se la ampliara a Caminosca.

El documento dice que los mayores ingresos de esta compañía fiscalizadora los obtuvo en la anterior administración.
EL COMERCIO revisó los impuestos a la renta (IR) pagados por Caminosca desde el 2002 y constató que, en efecto, los montos por esos rubros crecieron permanentemente desde el 2008 al 2014.

Según el SRI, en ese período la firma canceló USD 5 millones por IR y 42 361 por impuesto a la salida de divisas.
Entre el 2002 y 2007, en cambio, tributó USD 147 131 por IR y cero por salida de divisas.

En el 2015, este Diario ya reveló que Caminosca pudo haber pagado sobornos por la adjudicación de contratos.
Un año antes, la multinacional australiana Cardno había comprado las acciones de la compañía ecuatoriana y ejecutó una auditoría interna como parte de sus procesos regulares.

Los análisis concluyeron en febrero del 2015, y advertían posibles inconsistencias en la contabilidad. Tras esas investigaciones, Cardno demandó a los exaccionistas de Caminosca. El litigio se activó en un Centro de Arbitraje de Florida, EE.UU., el 1 de abril del 2016.

Con base en el laudo arbitral parcial (resolución emitida por el Tribunal de Arbitraje de EE.UU.), la Comisión Anti­corrupción presentó la de­nuncia penal ayer en la Fiscalía, y advirtió que el fallo menciona como supuestos beneficiarios a siete funcionarios, y dice que estos habrían incurrido en cohecho y concusión.

El asambleísta Albornoz (A. País) se pronunció anteayer sobre estos hechos, luego de que la legisladora Jea­ninne Cruz (Creo) también ingresara una demanda por el caso Caminosca en la Fiscalía.

Albornoz negó haber recibido pagos ilícitos en su etapa como ministro de Electricidad y aseguró que la documentación exhibida por Cruz estaba “mutilada”. Además, sostuvo que según la página 53 del laudo arbitral, no hay pruebas directas de los presuntos pagos de sobornos a los funcionarios ecuatorianos.
“Ninguno de los funcionarios realmente recibió o estuvo de acuerdo en aceptar los pagos ilícitos”, indicó el legislador, con base en el laudo.

El vicepresidente Glas, en cambio, señaló que apoya cualquier indagación y que acudirá a la Fiscalía las veces que hagan falta, como lo hizo el miércoles por el caso Odebrecht.

En mayo, Glas ya pidió a la Fiscalía que llamara a rendir su versión a los representantes de Caminosca y que se solicitasen asistencias penales para rastrear transferencias de dinero.

Según las investigaciones hechas por Cardno, la empresa Caminosca utilizó dos ‘offshors’ para suscribir subcontratos con el fin de justificar, bajo la apariencia de legalidad, pagos ilícitos a los funcionarios ecuatorianos. La primera aparece domiciliada en Chile y la otra, en España.

En la denuncia de ayer se mencionan posibles irregularidades en los proyectos Sopladora, Toachi-Pilatón, Minas San Francisco y Petroamazonas. Esas obras fueron analizadas por Cardno y luego por el Centro de Arbitraje de Florida y se precisa que por cada proyecto, los siete funcionarios ecuatorianos presuntamente recibieron coimas.

En las investigaciones se asegura que una vez suscritos los subcontratos, los dineros ilícitos eran transferidos a cuentas bancarias de Bahamas, una isla considerada paraíso fiscal.
En el laudo también constan los supuestos códigos y abreviaciones que Caminosca usó para presuntamente esconder las identidades de los siete funcionarios denunciados.

En la página 30 y 31 de ese litigio se dice que los demandados (exaccionistas de Caminosca) no presentaron “ninguna evidencia que cuestione” que los códigos descifrados no corresponden a los funcionarios ecuatorianos señalados y aclara que “tampoco presentaron una interpretación alternativa”, para desmentirlo.
Una investigación por el caso Caminosca está activa en la Fiscalía desde marzo pasado.

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