21 de noviembre de 2017 00:31

Una denuncia por agresión a una estudiante no fue atendida en dos años

En 2015, una madre presentó una denuncia por una agresión ocurrida en un colegio de Guauaquil que no ha sido atendida. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

En 2015, una madre presentó una denuncia por una agresión ocurrida en un colegio de Guayaquil que no ha sido atendida. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

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Elena Paucar

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La denuncia fue presentada en el 2015 y no ha tenido respuesta. Dos años después, Lissetee Rosales recurrió a Twitter para hacer pública su queja. El viernes 17 de noviembre de 2017, el caso se hizo viral.

Su hija, que en ese tiempo tenía 14 años, asistía a un colegio público del norte de Guayaquil. Y los problemas comenzaron porque en el plantel no registraban su matrícula.

Ella es cubana. Llegó con su hija y ambas contaban con residencia permanente y documentos de las autoridades educativas para el registro. Sin embargo, en el establecimiento no agilitaban la inscripción de la estudiante.

En mayo del 2015, la situación subió de tono y pasó a la agresión, como consta en las denuncias que la madre presentó ante la Fiscalía. Fue durante una reunión con la rectora de ese tiempo, porque la estudiante aún no había sido matriculada y sus notas no estaban reportadas en el sistema.

“Ese día la rectora se enojó y le dijo a mi hija que los cubanos vienen a querer colonizar al Ecuador. Le dije que la iba a denunciar, porque eso era discriminación. Ella me dijo que ni el ministro la sacaba de su puesto”, relata.

Según la denunciante, un grupo de docentes se unió a los comentarios xenófobos de la rectora. “Comenzaron a decir: lárgate con tu hija de aquí, aquí no queremos cubanos comunistas. Les insistí en que pondría la denuncia”.

El cruce de comentarios hizo que la situación se tornara violenta. “Cuando íbamos saliendo, le niña les dice: en Cuba no pasa esto, los ecuatorianos que van a estudiar son respetados. Entonces se paró una profesora, la insultó y le pegó a mi hija. Luego me golpearon a mí (…). Unos profesores cogieron a la niña, le arrancan la blusa y la dejaron en sostén. La rectora les dijo que grabaran y que tomaran fotos”.

Lissetee asegura que ha insistido en el proceso, sin ver resultados. Cuenta que llevó el caso al distrito educativo y a la Subsecretaría de Educación. Incluso viajó a la Asamblea Nacional para entregar documentos a siete asambleístas. También conserva las cinco cartas que envió a la Presidencia de la República, en las que le indicaban que dos ministros se harían cargo del proceso.

Augusto Espinosa (quien era ministro de Educación en ese año) me llamó por teléfono. Me dijo: perdón, disculpe, qué pena… Pero le dije que con pena no hacíamos nada, le pregunté qué se iba a hacer por el caso”, contó la madre de la menor.

Esta denuncia se suma a otras que se han multiplicado en los últimos días, por casos de abuso contra estudiantes. Espinosa, quien ahora es asambleísta, ha sido señalado por supuestas omisiones.

En una carta abierta reiteró que no ha ocultado información sobre este tipo de casos. Además hace referencia a los casos denunciados ante la Fiscalía, y que en ninguno de ellos se le requirió información alguna.

En el caso de Rosales, la respuesta inmediata del Ministerio en ese tiempo fue la matriculación de su hija niña, con la nota de 10. Pero asegura que no se concretaron sanciones contra los supuestos implicados.

La rectora fue destituida después de cinco meses, porque las investigaciones determinaron que incitó a la discriminación, xenofobia y odio, dentro de la institución educativa y contra la menor. La denuncia contra los otros docentes se archivó. En total, la denunciante señala a 13 maestros y directores distritales.

Después de hacer pública su queja en las redes sociales, la Subsecretaría de Educación se contactó Rosales. Este lunes 20 de noviembre del 2017, una delegada del Departamento Jurídico la acompañó a la Fiscalía para presentar un escrito en el que se comprometen a hacer seguimiento del proceso.

En el documento además especifica el pedido de Rosales, que va desde la aplicación de sanciones para los involucrados y la atención sicológica por el daño causado. También solicita la reunificación de su familia y la nacionalización de sus familiares.

Poco después de la agresión, la hija de Rosales retornó a Cuba con su abuela; las dos perdieron la residencia. La joven ya tiene 17 años y una valoración sicológica reveló que sufre de ansiedad crónica neurótica.

La madre tuvo que quedarse en el país, porque es casada con un ecuatoriano y tiene un hijo de 2 años. “Mi familia quedó fragmentada y mi hija aún no supera el trauma. Yo estuve allí, vi cómo la maltrataron, la discriminaron, la desnudaron y le tomaron fotos por ser cubana”, contó tratando de contener las lágrimas.

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