Las tareas de demolición han generado más de 2 000 empleos directos en la provincia de Manabí. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Están equipados con cascos y chalecos fosforescentes que resaltan en medio de las ruinas opacas de la zona cero de Portoviejo. Conducen pesadas excavadoras, de extensos brazos metálicos que derriban enormes edificios, piso por piso, en solo horas.
Algunos empezaron a trabajar solo días después del terremoto del 16 abril y confiesan que vencen el miedo para seguir con la demolición -en algunas ocasiones las réplicas los han hecho temblar del susto-.
Los demoledores son los únicos que tienen libre acceso a la zona céntrica de la capital manabita, donde el bullicio de una ciudad que intenta seguir con su cotidianidad se apaga. Aquí, las vallas metálicas no solo cercan decenas de cuadras sino que también sirven de soporte para rústicos carteles que anuncian las nuevas direcciones de peluquerías, almacenes, locales de electrodomésticos, bazares…
Jacinto Conforme opera una excavadora. Dice que ya perdió la cuenta, pero calcula que ha echado al piso más de 20 edificios de la zona cero.
“Es una pena. Yo caminé por estas calles y ahora hay cuadras enteras que han desaparecido. Hace unas semanas tuve que derribar la escuela Horacio Hidrovo, que era grande”. Ahora de ese plantel apenas quedan dos aulas que se pueden ver desde la calle. En sus paredes aún hay algunos dibujos infantiles.
Un reporte de mayo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registra 2 240 edificaciones evaluadas en la capital manabita. De ese total, 279 recibieron el sello rojo de inseguras, 739 el sello amarillo de uso restringido y 1 222 el sello verde de ingreso permitido.
Al mediodía del miércoles, Conforme esperaba una hoja de autorización para derribar otro edificio fracturado. Estaba sentado junto a una valla en la calle Olmedo, donde otros de sus compañeros sacaban algunas puertas y ventanales de un hotel de cuatro pisos. Antes de que desaparezca, sus propietarios sacaron lo que aún les era útil.
Imagen de la demolición del Condominio Costa Mar, en Bahía de Caráquez. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Muy cerca, y a pesar del estruendo de paredes que caen y las volquetas que agitan continuamente el terreno, el doctor José Falconí permanecía tranquilo, sentado afuera de su consultorio médico de toda la vida, en la calle Francisco P. Moreira.
Era una antigua casona de la cual ya no queda rastro. Falconí apenas logró construir en estos días un cajón de cemento donde espera a sus pacientes. “Todavía no se ve mucho de reconstrucción, pero el que puede levanta un espacio para seguir adelante lo hace. No nos podemos estancar”.
La noche del miércoles, durante una entrevista en un canal manabita, Carlos Bernal, secretario para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, explicó que las tareas de demolición han generado más de 2 000 empleos directos en la provincia. Y que es necesario primero concluir con la limpieza para luego emprender la reconstrucción.
“Hay que limpiar la ciudad, hay que dejarla expedita para que vengan las nuevas construcciones, que hay que seguir planificando. Mientras tanto, seguimos construyendo vías, seguimos construyendo escuelas y repotenciando unidades de salud”.
Según Gestión de Riesgos, hasta mayo 15 583 edificaciones habían sido evaluadas en 22 cantones de Manabí. Las inspecciones reflejan que 4 973 son inseguras, 5 503 son de uso restringido y 5 077 pueden ser ocupadas. Los sellos de colores, que indican el estado de cada estructura, resaltan en medio de los grafitis que recuerdan a los fallecidos hallados en ellas, los rescatados, los heridos…
En Bahía de Caráquez, además, hay frases de aliento marcadas en las paredes blancas. ‘Volveremos por ti’, ‘Nos levantaremos’, ‘Bahía, estás en nuestro corazón’ se ve al pasar. Pero la maquinaria no puede detener su marcha y poco a poco va achicando las edificaciones turísticas.
En algunos días, los demoledores llegaron a mover más de 2 000 metros cúbicos de escombros. El informe de la Secretaría de Riesgos indica que hasta el 19 de mayo se acumularon 61 651 metros cúbicos de material de demolición de estructuras en riesgos y 89 591 metros cúbicos de escombros.
Para terminar de derrocar las construcciones afectadas por el terremoto, los maquinistas primero preparan una ‘cama’, un montículo de tierra que les permite alcanzar la parte más alta de cada edificación. Así empiezan a fragmentar las paredes y pilares superiores, dejando a la vista las varillas retorcidas y espacios donde antes había oficinas o habitaciones.
El informe Reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto, emitido en este mes, resume que se necesitarán USD 3 344 millones para levantar nuevamente a los sectores productivos, sociales y de infraestructura. Solo para este último se requieren USD 862 millones.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional vigilan y restringen el ingreso a las áreas de demolición. En Portoviejo, los camiones salen cargados con los restos de lo que fue un hotel, un condominio de departamentos, negocios…
En tanto, las retroexcavadoras limpian el camino lodoso. Esa es la tarea de Luis Sanipatín, un cuencano que vive en Portoviejo desde hace dos meses para colaborar con la reconstrucción.
Para José Moreira, ese movimiento de maquinaria se ha vuelto rutinario. Él vendía caramelos en los bajos de un edificio que ya no está. “Ahí quedaba el hotel Cabrera -y señala un terreno baldío-. Y allí el edificio Palau, donde vendían motos -otro espacio desolado-. Ahora van a tumbar la farmacia donde murieron algunas personas”. Él se salvó porque ese sábado cerró el negocio al mediodía.
Ángel Macías también cuenta que se salvó de milagro. Salió de su vidriería, ubicada en las calles Espejo y Pedro Gual, diez minutos antes del terremoto. “Todos los vidrios del negocio se cayeron de las paredes; hubiera sido mortal”, recuerda.
Al mediodía las máquinas se apagan por un rato. Es la hora del almuerzo y algunos vecinos aprovechan para cortar camino en medio de los cerros de cemento.
Los trabajos de demolición son de 07:00 a 18:00, de lunes a sábado, y los realizan varias contratistas supervisadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los municipios de cada cantón se encargan de tramitar las autorizaciones con los propietarios.
Poco antes de volver a su gigantesca excavadora, Conforme piensa en su familia. “Aquí se ve todo destruido pero hay otras partes que están peores. En Jama, mi familia perdió tres casas. Mi padre, de 93 años, quedó atrapado y por poco muere”.