30 de septiembre de 2016 16:07

La demolición de Casas Colectivas en Guayaquil genera resistencia entre inquilinos

Alicia Balda, de 53 años de edad, tiene 30 años viviendo en las casas colectivas de Guayaquil. Foto: Wladimir Torres / EL COMERCIO

Alicia Balda, de 53 años de edad, tiene 30 años viviendo en las casas colectivas de Guayaquil. Foto: Wladimir Torres / EL COMERCIO

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Alexander García

La Asociación de Inquilinos de las Casas Colectivas y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, rechazaron la mañana de este viernes 30 de Septiembre el anuncio de demolición de los cuatro bloques de edificios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), en el sur de Guayaquil.

En una rueda de prensa, Billy Navarrete, secretario Ejecutivo del Comité Derechos Humanos, explicó que el organismo estudia plantear un recurso de protección y medidas cautelares para evitar el desalojo de 350 familias que habitan en el lugar. Mientras que los moradores mostraron las mejoras de limpieza y pintura que han realizado a los patios internos de los edificios, cuya construcción data de 1940.

El gobernador de Guayas, Julio César Quiñónez, y Juliet Erazo, directora provincial del IEES, ratificaron el pasado martes que las casas serán demolidas para construir un centro médico materno infantil. Anunciaron que en los próximos tres meses se regularizará la situación de los inquilinos que deseen ser reubicadas.

Rueda de prensa de los representantes de las casas colectivas de Guayaquil. Foto: Wladimir Torres / EL COMERCIO

Rueda de prensa de los representantes de las casas colectivas de Guayaquil. Foto: Wladimir Torres / EL COMERCIO

La inseguridad y la falta de salubridad fueron las razones esgrimidas por las autoridades, además del peso de los miles de dólares en deudas de arrendamiento y servicios públicos.
“Un desalojo siempre es la última instancia. Las familias no han recibido ni un solo documento de esta intervención. Este ha sido un espacio desantendido por el IEES que en 15 años le dio la espalda a la situación y no cobró pensiones”, cuestionó Navarrete.

El Comité de Derechos Humanos rechazó además que se generalice al referirse a las familias como un "nido de delincuentes". “Es una mala señal el tratamiento antidelictivo que se la ha dado al tema, aquí hay familias que luchan por salir adelante”, dijo. “Este es un lugar con peso arquitectónico y con requerimientos patrimoniales, según un informe del propio Ministerio de Cultura”.

El valor patrimonial del complejo, visiblemente deteriorado, reside en que fue el primer plan de vivienda popular vertical desarrollado en Ecuador, según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

Inquilinos expresaron su desaprobación a la demolición de los cuatro bloques de edificios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), en el sur de Guayaquil. Foto:  Wladimir Torres /  EL COMERCIO

Inquilinos expresaron su desaprobación a la demolición de los cuatro bloques de edificios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), en el sur de Guayaquil. Foto: Wladimir Torres / EL COMERCIO

Samuel Morán, presidente de la Asociación de Inquilinos, dijo que son más de 45 los moradores que cuentan contrato directo con el IESS y quienes cancelaron sus arriendos hasta 2005. “El 50% somos afiliados al Seguro. Nosotros no nos negamos a pagar, pero nadie nos abre las puertas para dialogar. Tenemos un grupo de apoyo legal y miembros del Colegio de Arquitectos”, informó.

Patricia Sánchez, representante de la Alianza Internacional de Habitantes, una red contra los desalojos forzados, indicó que en el marco del foro alternativo de la conferencia Hábitat 3 de la ONU, que se realizará en Quito desde el 17 de octubre, presentarán una denuncia sobre el caso ante el Tribunal Internacional de Desalojos.

El tribunal de opinión fue puesto en marcha por organizaciones de la sociedad civil y se apoya en instrumentos del derecho internacional. El próximo 15 de octubre la Alianza tiene prevista una visita a las casas con una misión internacional del Tribunal de Desalojo, informó Sánchez. “Tienen que haber medidas de compensación previas a la ejecución del desalojo”, reclamó.

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