Marcelo Larrea, dirigente del colectivo político ‘Democracia Sí’. Foto: Archivo / EL COMERCIO.
El colectivo político ‘Democracia Sí’ acudió ayer, 7 de diciembre, a la Corte Constitucional (CC) para ‘exigir’ a la institución que entregue la calificación de las siete preguntas presentadas por el movimiento, mismo que busca convocar a una consulta popular con referencia a las 16 enmiendas constitucionales, mismas que al momento se tratan en la Asamblea Nacional.
Marcelo Larrea, dirigente del colectivo político, entregó el pasado 9 de diciembre de 2014 la solicitud a la Corte, organismo que debía resolver la petición en un término de 20 días, de conformidad al artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
El pedido subraya que si no se resuelve en este plazo “se entenderá que ha emitido dictamen favorable, señaló el miembro del colectivo en una entrevista otorgada a la web de diario El Comercio”.
El máximo dirigente del movimiento, Marcelo Larrea, indicó que ‘Democracia Sí’ propuso la consulta con la finalidad de “proteger las normas constitucionales vigentes en la Constitución de Montecristi”.
Ayer, 7 de enero, en un boletín de prensa del colectivo, se indicó que la CC no les dio ninguna respuesta. “Dijeron que la solicitud estaba aún en admisión. Esto revela la intención del organismo de esconder el tema al no tratarlo dentro de los plazos establecidos por la ley”., señala el comunicado.
El también presidente de la Federación de Periodistas del Ecuador (Fenape) solicitó una reunión con el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, quien se excusó argumentando que estaba en una reunión. Larrea indicó que por ese motivo dejaron una petición para que se realice una asamblea pública, que trate el tema de la consulta popular propuesta por su movimiento.
Para Marcelo Larrea, las preguntas para una consulta popular planteadas por ‘Democracia Sí’ buscan frenar la reelección indefinida para las autoridades elegidas con voto popular; impedir la reducción de las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADS; suprimir la protección por el Código del Trabajo para los obreros del sector público; entre otras.
Finalmente convocó a los movimientos políticos, sociales, a los militares en servicio pasivo, a los periodistas y medios de comunicación, a los GADS, a los trabajadores del sector público, a que “participen activamente en el debate y en defensa de los derechos democráticos y republicanos amenazados por una contrarreforma constitucional”.