21 de abril de 2018 00:00

Otros delitos por extorsión a transportistas  de Quito se indagarán

Carlos Brunis, presidente de la Federación de Taxis de Pichincha, en una asamblea para analizar las detenciones. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Carlos Brunis, presidente de la Federación de Taxis de Pichincha, en una asamblea para analizar las detenciones. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Belén Merizalde
Jorge R. Imbaquingo (I)

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Asociación ilícita. Ese es el delito por el que están siendo investigadas ocho personas vinculadas con la presunta entrega de cupos para la legalización de unidades de transporte en Quito, a cambio de dinero.

El jueves, 19 de abril del 2018, la Fiscalía anunció que se trataba de ocho funcionarios municipales. Pero al acceder al proceso se colige que son solo dos, así como un excolaborador de esa entidad, dos concejales y tres personas identificadas en las pesquisas como nexos externos.

Los concejales investigados son Eddy Sánchez. y Sergio Garnica.
Los dos funcionarios del Municipio son el gerente de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas, Fausto M., y la secretaria (s) de Movilidad Andrea F. El , el Municipio confirmó a este Diario, por correo electrónico, que fueron removidos de estos cargos.

En la indagación también está Rubén L., exgerente de la Empresa de Pasajeros.

Además están investigadas otras tres personas: Mónica G., Javier V., y José S., este último es dirigente de los transportistas.

Desde enero del 2018, la Fiscalía de Pichincha abrió esta investigación y durante la audiencia de formulación de cargos, que se llevó a cabo la noche del jueves, el fiscal Fabián Salazar señaló que existen elementos suficientes para presumir la concurrencia de otros delitos como: concusión, tráfico de influencias y enriquecimiento privado no justificado.

En estos casos, la sanción para quienes sean declarados culpables va entre tres y cinco años de privación de libertad.

Según las indagaciones fiscales, existiría una presunta “estructura criminal”, que habría movido al menos USD 80 millones. Salazar no especificó si se trataría de actos ilícitos cometidos durante el proceso de regularización de taxis que se inició en agosto del 2017, con el objetivo de legalizar 8 693 unidades. Pero señaló que las víctimas serían los transportistas de Pichincha en general.

Para Daniela Chacón, concejala independiente, el proceso de regularización de taxis, que aún no ha concluido, debería ser suspendido, pues podrían haber existido actos de corrupción para extorsionar a quienes buscaban legalizar su herramienta de trabajo.

El Municipio aseguró que sobre la regularización de taxis y las compensaciones al transporte urbano: “estos procesos son establecidos mediante Ordenanza aprobada por el Concejo Metropolitana. Sin embargo, el Alcalde de Quito ha solicitado informes respecto a estos procesos”.

Esto preocupa a la Unión Nacional de Cooperativas de Taxis de Pichincha, pues sostiene que muchos de sus nuevos “socios voluntarios” han resultado idóneos en el proceso y que esta propuesta podría retrasar la posibilidad de que se conviertan en taxis legales.

“Hay compañeros que han esperado cinco años para entrar en este proceso. Por eso realizamos una asamblea general para respaldar el proceso de regularización de taxis”, afirmó Carlos Brunis, presidente de ese gremio.

Mario Guayasamín, concejal de Alianza País, señaló que a su despacho llegó un buen número de denuncias sobre supuestos pagos que debían realizar los interesados para conseguir la regularización, por ello sostiene que se creó una comisión especial de seguimiento para asumir una actitud preventiva.

Pero a su criterio, aunque podrían haber existido irregularidades, aún no es momento para hablar de una suspensión del proceso de regularización. “Lo que se debería hacer de forma urgente, asegura, es convocar a un Concejo Metropolitano extraordinario para debatir y discutir este tema”.

La Fiscalía deberá seguir recabando elementos que sustenten su acusación. El tiempo determinado para la instrucción fiscal es de 90 días, pero, según explicó el penalista Ramiro Aguilar, esta podría extenderse hasta 120 días, si durante los 30 primeros días se vinculara a otra persona.

Mientras tanto, los investigados permanecerán con medidas sustitutivas a la prisión preventiva, que fue solicitada por Fiscalía.

Según Rafael Pérez, abogado de Fausto M., las ocho personas no recibieron orden de prisión por cuanto sus representantes legales presentaron “suficientes elementos de arraigo y, además, porque el fiscal no pudo sustentar su solicitud”.

Como medidas sustitutivas, los indagados deberán usar el dispositivo de vigilancia electrónica, tienen restricción de circular fuera de la provincia de Pichincha y además deberán presentarse cada 15 días ante la autoridad competente.

Según Pérez, durante la audiencia pudieron conocer que las investigaciones se basaron en interceptaciones telefónicas (bajo orden de juez) y seguimiento de las personas.

El concejal Sergio Garnica dijo a este Diario que se trata de una maniobra política en su contra. “Esto está direccionado a generar polémica y daño. (…) Se ha producido un linchamiento mediático con declaraciones que no tienen sustento”.

Este edil aseguró que su caso no tiene nada que ver con el tema de taxis sino con un contrato que no fue firmado por él. “Al menos de lo que el fiscal ha expuesto, no tiene que ver con el tema de la regularización de taxis”, indicó el edil. Consultado sobre si va a seguir asistiendo a las sesiones del Concejo, dijo que sí lo hará.

Este Diario también se comunicó con el despacho del concejal Eddy Sánchez., desde donde indicaron que emitirían un comunicado, pero hasta el cierre de esta edición ese documento no fue recibido.

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