La delincuencia, más agresiva

Redacción judicial

El secuestro exprés salió de los límites de Guayas. En Pichincha,  la Dirección Nacional de la  Policía Nacional registró 13 denuncias entre enero y octubre de este año.

La reacción  en las provincias 

En Santo Domingo de los Tsáchilas, el martes  se organizó una multitudinaria marcha contra la inseguridad y la violencia.

Demandaron mayor efectividad a  jueces,   fiscales y policías.

El martes, los habitantes de Francisco de Orellana también  protestaron en  las principales calles de la ciudad. Coincidió con el sepelio de dos comerciantes que fueron  abaleados.

El anuncio de que fuera de los centros comerciales se plagiaba momentáneamente a las personas, para pedir dinero a sus familiares por su liberación,  sorprendió incluso a la Policía.

Eduardo Mosquera, jefe de la Policía Judicial de Pichincha, sostiene que la Unidad Antisecuestros y Extorsiones de la Policía (Unase) es la encargada de combatir este  delito. 

Pero en la práctica, eso no ocurre. Los secuestros exprés se realizan con tanta astucia que   las víctimas no tienen espacio para alertar a la Policía.

La aparición de esta forma de delito en la capital puede disparar una paranoia entre los habitantes. El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, es consciente de ello y el viernes configuró una estrategia con la Policía.

Sin embargo, la acción del funcionario fue reactiva. Hace dos semanas anunció un proyecto con el Municipio, para reordenar la tarea de la Policía Metropolitana. Pero en esa estrategia no habló de una intervención en la Policía Nacional.

Lo hizo recién en estos días, luego de que los medios denunciaron la información recabada por la Policía Judicial, según la cual, si bien hay delitos que no se han incrementado, hay un evidente aumento del uso de la violencia en asaltos, así como de operaciones más planificadas por parte del crimen.

Ahora los delincuentes no temen asesinar a sus víctimas durante un robo, ni enfrentarse con armas de fuego contra los gendarmes cuando son descubierto in fraganti.

Solo ante los hechos consumados, el ministro Jalkh reconoció que hace falta mayor trabajo de Inteligencia para desarticular a las bandas organizadas y ofreció  inversión.

La Fiscalía, de su lado, asegura que el problema radica en realizar cambios a la legislación penal, pero las últimas reformas, como la despenalización de los robos de hasta USD 654, es obra de su autoría.

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