2 de marzo de 2017 00:00

Defensor del Pueblo reelecto entre críticas

Ramiro Rivadeneira fue posesionado la tarde de ayer por Gabriela Rivadeneira. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Javier Ortega
Redactor (I)
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Ramiro Rivadeneira reapareció ayer, 1 de marzo del 2017, luego de cuatro meses de haber dejado la Defensoría del Pueblo. En la tarde estuvo en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde fue posesionado nuevamente en este puesto público. Ejercerá ese cargo hasta el 2022.

El funcionario obtuvo 94,67 puntos en el concurso de méritos y oposición que llevó adelante el Consejo de Participación Ciudadana. Esa fue la mejor calificación de entre los siete candidatos que llegaron hasta el final del proceso.

Ayer, en el Pleno del Legislativo hubo aplausos y felicitaciones. La legisladora de AP, Italia Jijón, dijo que la posesión se produce “después de un transparente concurso”.

La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, tomó el juramento a Rivadeneira, lo abrazó y le entregó el documento con su posesión.

Enseguida, el reelecto Defensor se dirigió a la sala de la Legislatura y aseguró que apoyará a los familiares de personas desaparecidas, a la comunidad Glbti, a personas con enfermedades extrañas, afrodescendientes, entre otros.

Pero el funcionario también fue criticado ayer. Casi a la misma hora en que era posesionado, el director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Luis Ángel Saavedra, dijo a este Diario que la designación de Rivadeneira era lo que se esperaba desde el inicio del concurso.

“Se cumplió lo que estaba previsto. Lo que hace el Gobierno es blindarse por todos lados para estar tranquilo y que no existan investigaciones sobre violaciones a los DD.HH. durante estos años”, aseguró.

Similares críticas se dieron cuando comenzó la selección. Entonces, 22 organizaciones sociales dieron una rueda de prensa en Quito y denunciaron, al menos, nueve casos en que los pronunciamientos de Rivadeneira, como defensor del pueblo, no fueron los esperados.

Los colectivos dijeron, por ejemplo, que al inicio de su período, él “rechazó” el informe sobre criminalización de la protesta social elaborado por su antecesor, “buscó impedir” la circulación del libro de Miguel Ángel Cabodevilla sobre la matanza de taromenanes, “mantuvo silencio” frente a las acciones de tortura en la cárcel del Turi-Azuay o sobre los desalojos en territorios indígenas.

Estas organizaciones sociales ahora reiteran que en esta nueva administración la situación será igual. Hablan de un “silencio cómplice”.

Ayer, Rivadeneira aseguró que respeta las opiniones de quienes los cuestionan. Pero aseguró que sí se ha pronunciado sobre temas en donde se vulneraron los derechos humanos. Citó, por ejemplo, el caso de Turi y la detención de estudiantes del Colegio Mejía.

Mario Melo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica (PUCE), también cuestionó la designación del Defensor.

El académico advirtió que se dejó pasar la oportunidad para renovar a los funcionarios de los entes de control, pues “no hubo procesos transparentes, y tampoco una amplia participación de sectores sociales”.

Saavedra sostuvo que en este nuevo período, el accionar de la Defensoría no cambiará, pues “el funcionario no topará temas que afecten la imagen de este Gobierno”.

Rivadeneira rechazó las acusaciones de supuestas afinidades con el régimen. “La independencia de la Defensoría del Pueblo ha sido reconocida por las Naciones Unidas; el año pasado ese organismo nos dio la categoría A en temas de independencia”, señaló. Luego aseguró: “Actualmente tenemos un modelo de participación ciudadana que ha fortalecido la democracia (...). Antes se designaban a las autoridades a través de arreglos entre los partidos políticos. Lo que está en juego es si se regresa a eso o seguimos en el modelo de la participación ciudadana”.

En octubre del 2016, la Universidad Católica, el Comité de Víctimas y Familiares de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de DD.HH. e Inredh suscribieron un documento de 15 páginas sobre la tortura en el Ecuador.

En el texto, las tres instituciones advertían que “la Defensoría del Pueblo asume equivocadamente su rol y se limita a realizar sugerencias a otras entidades públicas”, cuando en realidad “su papel implica la capacidad de imponer sus criterios técnicos”. Eso lo señala la Ley de Defensoría del Pueblo (artículo 1). Allí se indica que este es un organismo independiente.

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