1 de December de 2009 00:00

Un defensor nacerá con 4 artículos

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Redacción Política

El Defensor del Público estará unido por un cordón umbilical a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, para esta última organización ese nacimiento le deja inquietudes. 

En la propuesta de Alianza País para la Ley de Comunicación se establece que el Defensor estará adscrito a la Defensoría del Pueblo. Pero será un funcionario cargado de “legitimación administrativa, judicial y extrajudicial”.  



La legislación
En la reciente Ley de Medios de Argentina también se creó la figura legal de este defensor. Su principal tarea es tramitar las quejas de los ciudadanos a contenidos de los medios.  
El presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso la vigencia de un Defensor de los Ciudadanos contra los supuestos abusos cometidos por los medios de comunicación. Ese ha sido uno de sus planteamientos hechos desde  2006.  
En Nicaragua no existe la figura del Defensor del Público, pero se creó la Dirección de Medios para que cuando un medio no cumpliere con las normas, se haga acreedor de las sanciones administrativas”.  En apenas cuatro artículos (87-90), los asambleístas diseñaron a este nuevo ente que tendrá mucho poder. Entre sus facultades se encuentran: recibir quejas y denuncias que presenten las personas que se sientan afectadas por los medios; promover la resolución amistosa de los conflictos y decidir medidas de protección los derechos de comunicación.

Además, podrá  emitir recomendaciones públicas  a los medios de comunicación, periodistas o instituciones que violenten los derechos y podrá solicitar el juzgamiento de cualquier medio al Consejo de Comunicación. Para cumplir con esas tareas, el Defensor tendrá una representación en todas las provincias. 

El sistema de obligaciones es similar al que, actualmente, cumple la Defensoría del Pueblo, que empezó ha trabajar hace 11 años. Durante este tiempo, la entidad consolidó una red de oficinas  en todas las capitales de provincia. Además, tiene dependencias en  las principales urbes  de Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay.

La institución está dividida en dos defensorías adscritas y seis comisiones. En la Dirección Nacional y en Pichincha trabajan 116 empleados. Mientras que en el resto del país hay un promedio de tres trabajadores por oficina. Es decir, tiene un rol de por lo menos 200 funcionarios. 

Entonces, para que el Defensor del Público  realice su tarea a plenitud deberá estar respaldado por un equipo burocrático que pueda cubrir con la trajín de las demandas. Para salvar ese inconveniente, en el proyecto se propuso que trabaje junto con la D. del Pueblo. 

Esta iniciativa preocupa a John Morán, defensor del Pueblo encargado. “No podríamos hacerlo. No tenemos el dinero ni  la infraestructura para asumir esa responsabilidad”, sostuvo. 

A este problema de fondo se suma un posible conflicto de competencias legales. La Constitución establece que la Defensoría del Pueblo debe prevenir y promocionar los derechos humanos.

Y dentro de ellos, a acceder libremente  a información de entidades públicas, a recibir una información veraz a través de la prensa y velar por el respeto de los derechos de los ciudadanos afectados por los medios, entre otros. 

Actualmente, la Defensoría  trabaja en una reestructuración orgánica para cubrir esas obligaciones constitucionales. Morán señaló  que no se ha pensado nombrar a un comisionado para el área de Comunicación; pero cree que con más dinero la Defensoría puede ejecutar las tareas que se dan al nuevo organismo.    

“Somos respetuosos de la decisión de la Asamblea, pero puede pensar en repotenciar a la Defensoría, para que actúe de forma más amplia sobre derecho del pueblo a estar mejor informado”.

La idea de crear un Defensor del Público nació del Foro de Comunicación, el cual señaló que  es una iniciativa ciudadana y que su intención es  que se convierta en un puente entre las audiencias y los medios de comunicación. Especialmente, cuando se sientan afectados por una información.

En ese sentido, esta Defensoría recibió el apoyo de catedráticos del área Comunicación, como Mauro Cerbino, Lourdes Pérez y Lucía Lemos. Ellos dicen que es una propuesta buena,  siempre que sea un escenario donde las personas puedan interactuar sobre los contenidos de los medios.

Sin embargo, Pérez y Lemos aseguraron que hay que tener cuidado en la forma de elección de ese funcionario que maneja la Defensoría. “Es bastante  relativo. Si es nombrado por el mismo Gobierno estaría en las mismas circunstancias del Consejo de Comunicación. Pero si es una persona que  represente a las audiencias se le puede considerar como positiva”,
explicó Lemos. En cambio, Pérez dijo que la principal es resolver a la pregunta de: “¿Cuál persona es independiente de los medios y del Gobierno y está en condiciones de jugar un papel tan relevante?”.

En el proyecto se dice que será nombrado por el Defensor del Pueblo, mediante un concurso organizado por el Consejo Electoral. Entonces, crecen las dudas si nacerá con una cola política.

Puntos de vista

José Laso. Académico U. Andina

El peligro es la judicialización

Es básico que se cree una instancia ciudadana para que se discutan los contenidos de los medios y sus símbolos. Debe ser un lugar para reflexión. En ese sentido un Defensor del Público es bueno y, fundamentalmente, porque en el mundo moderno hay que afrontar la sobredifusión de contenidos mediáticos. Pero este proyecto legal sufre de varios problemas, especialmente, cuando se le otorga facultades para que haga un control  de los medios y no del debate del discurso.

El peligro es que se judicialice el problema de lo simbólico y del sentido de los contenidos de los medios. Me preocupa que una nueva generación haga renacer una visión tan castigadora.

Daniel Pontón. Catedrático Flacso

Hay que frenar los abusos

Cualquier intento de regulación del trabajo de la prensa siempre traerá consecuencias. Hay que ver el contexto en el cual se cree a este Defensor. Debe ser tomado como una política pública y hay que tomarla con seriedad. Es verdad que puede afectarse a los intereses de ciertos medios, pero el objetivo es frenar el abuso que ha cometido un sector de la prensa. Creo que debe existir un análisis profundo de las facultades que tendrá el Defensor.  

Hay que pensar en una lógica de pesos y contrapesos. Principalmente, la ley debe detallar claramente el perfil del funcionario y de sus atribuciones. Estoy de acuerdo que debe existir; como una política pública.

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