Redacción Política
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Walter Lombeida acaba de cumplir 32 años y hace un año es defensor público en la provincia de Sucumbíos.
El joven abogado, quien vive en uno barrio de clase media de Nueva Loja, tiene la responsabilidad de defender a dos hombres importantes para el gobierno de Álvaro Uribe: a su ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y a su comandante de las Fuerzas Armadas, Freddy Padilla.
Ambos son investigados por la justicia ecuatoriana, por su presunta coordinación del bombardeo al campamento de las FARC en Angostura, el 1 de marzo de 2008. El fiscal penal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, acusó a Santos y a Padilla de las muertes de 26 personas durante esa operación militar extranjera.
La actuación del fiscal Jiménez causó otro tropiezo en el proceso de diálogo que mantienen las autoridades de Ecuador y de Colombia. Pues consideran que las imputaciones, con pedidos de prisión, son una agresión.
Lombeida es el contradictor de Jiménez en los estrados. Él nació en la ciudad de Cascales (Sucumbíos) y al acabar su adolescencia viajó a Quito para inscribirse en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central de Quito. “Siempre me llamó la atención la carrera, defender a las personas”.
En la capital empezó a trabajar en sus primeros casos desde que era estudiante. Ayudaba en un bufete de abogados, que tenía su oficina en el edificio Daniel Cadena, cerca del parque
La Alameda, en el centro de la ciudad. Uno de sus maestros fue el abogado Luis Maldonado, quien le enseñó las técnicas del Derecho Penal; aunque también abordó el Derecho Societario, pero no fue de su completo agrado.
“El era un estudiante atento y que escuchaba. Tenía esa chispa, el olfato que deben tener los abogados penalistas para abordar los juicios”, dice Maldonado.
Finalmente, Lombeida se decidió por convertirse en un abogado penalista e ingresó, mediante un concurso de oposición y méritos, a la Unidad de Defensoría Pública que inauguró el régimen de Rafael Correa. Ahora, en su oficina se encuentran los expedientes judiciales de 30 personas que no pueden contratar un abogado particular. El estudio de los casos le consume sus horas laborables y los fines de semana.
En ese cúmulo de hojas, él pone atención a cómo va el juicio contra el ex ministro Juan Manuel Santos y contra el general Padilla.
La defensa ha tenido que hacerla a control remoto. No ha recibido ninguna ayuda o información de sus defendidos o del gobierno de Álvaro Uribe. El abogado ha buscado en Internet información para conocer algo de las vidas de Santos y de Padilla y, de igual modo, para poder estar atento a las declaraciones que realizan las autoridades colombianas.
“Mi responsabilidad es grande. No puedo arriesgar una sola palabra , porque detrás de mis pasos se encuentran atentos la sociedad de dos países y también la prensa nacional e internacional”.
Él asegura que procura que Santos y Padilla gocen de una defensa técnica y óptima que “vele porque no se violen derechos constitucionales y legales constantes en nuestras leyes ecuatorianas”.
Este momento, Lombeida prepara el alegato para la orden de prisión que se emitió en contra del Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. También espera que no progrese el pedido de extradición contra Santos.
La solicitud para la extradición del ex Ministro fue enviada por el juez Tercero de lo Penal de Sucumbíos, Francisco Revelo, a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, todo el expediente fue devuelto por el titular del tribunal, José Vicente Troya, para que se corrija y se amplíe la documentación. Cuando se cumpla con ese trabajo, la Corte Nacional deberá nuevamente analizar la legalidad del pedido.
Mientras tanto, el fiscal Jiménez sigue con el proceso de investigación por el bombardeo de Angostura. El jueves y ayer estuvo en Quito para recibir las versiones de funcionarios gubernamentales. También de varios militares que fueron a Angostura.