4 de diciembre de 2017 23:04

Defensa de exjueces pedirá revisión del archivo de denuncia por tráfico de influencias

Hernán Ulloa, abogado de los exjueces, indicó esta mañana, lunes 4 de diciembre del 2017, que enviarán un escrito al fiscal general Carlos Baca, para que el proceso se revise por otra autoridad.

Hernán Ulloa, abogado de los exjueces, indicó esta mañana, lunes 4 de diciembre del 2017, que enviarán un escrito al fiscal general Carlos Baca, para que el proceso se revise por otra autoridad. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Miguel Párraga
Redactor (I)

El grupo de 40 exjueces destituidos por el Consejo de la Judicatura durante el Gobierno anterior pedirá que se revise el archivo de la denuncia por presunto tráfico de influencias que presentaron el 15 de septiembre del 2017. Según los exmagistrados, el supuesto delito se dio dentro de esa institución cuando se ejerció presuntas presiones contra ellos para que emitan determinados fallos.

El archivo de la denuncia fue notificado el pasado miércoles 29 de noviembre del 2017 por la fiscal del Guayas, Patricia Morejón, quien estuvo a cargo del proceso.

Hernán Ulloa, abogado de los exjueces, indicó esta mañana, lunes 4 de diciembre del 2017, que enviarán un escrito al fiscal general Carlos Baca, para que el proceso se revise por otra autoridad.

El presidente de la Corte Provincial de Justicia, Pedro Ortega, es señalado por los exfuncionarios como uno de los involucrados en el supuesto delito. En días anteriores a la presentación de la denuncia, se filtró en redes un video donde presuntamente se escucha al funcionario sugiriendo a un grupo de jueces cómo emitir sus dictámenes en los procesos judiciales que ellos tenían a su cargo.

Ese material audiovisual fue una de las pruebas presentadas por Ulloa a través de un pen drive. “La fiscal provincial no hizo la explotación del audio y video de ese pen drive, no receptó la denuncia de los jueces afectados, no receptó la versión de la jueza que grabó ese video, no receptó la versión del presidente de la Corte y ni siquiera fue convocado en una sola ocasión”, dijo el abogado.

A su criterio, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, debió pronunciarse sobre ese video. Informó que plantearán en un futuro acciones internacionales sobre este caso.

Consultada por este Diario, Morejón informó que sí convocó a todos los exjueces que dijeron ser afectados para que rindan sus versiones de los hechos en la Fiscalía. Pero apenas acudieron cuatro. Aclaró que a ella no le corresponde pedir la comparecencia de Ortega.

“¿Cómo yo voy a investigar al presidente de la Corte? Si me hace conocer mi inferior, el fiscal Pedro Intriago, que hay ya una denuncia presentada donde él”, dijo. Ese proceso fue remitido hasta la Fiscalía General en Quito en virtud del fuero de corte que tiene Ortega.

Indicó que dentro de la investigación no encontró el tipo penal denunciado. “El tráfico de influencias habla de un beneficio propio de un tercero, ¿pero quién se benefició de ese fallo, el Consejo de la Judicatura? No porque no es parte procesal, no es parte ningún juez”, explicó la fiscal.

Manifestó que algunos de los casos en los que supuestamente hubo tráfico de influencias, sucedieron antes de la vigencia del actual Código Orgánico Integral Penal, cuando todavía no existía ese tipo de delito en la legislación ecuatoriana.

Los exjueces acusan haber sido destituidos por la aplicación del error inexcusable. Para ellos, la Judicatura siendo un ente administrativo, no tiene la facultad para emitir ese tipo de sanción jurisdiccional sino que le corresponde a otro juez superior.

Morejón recalcó que a la Fiscalía no le corresponde pronunciarse sobre acciones administrativas. “Si está bien o está mal, no soy yo la que tengo que analizar, porque el error inexcusable no es un delito penal”, precisó.

Todos los exjueces interpusieron recursos de apelación a sus destituciones en el Tribunal Contencioso Administrativo y para la funcionaria, es desde esa instancia que deben pedir una revisión a sus salidas de la Función Judicial.

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