24 de julio de 2014 00:05

La defensa de Carlos Figueroa dice que su detención es arbitraria

Carlos Figueroa

En mayo pasado, Carlos Figueroa estuvo por un tiempo en la comunidad amazónica de Sarayaku. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Redacción Política 
politica@elcomercio.com

El conflicto del Estado ecuatoriano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se retoma una vez que la Policía detuvo el martes a Carlos Figueroa, a quien la Comisión otorgó medidas cautelares en marzo pasado.

Figueroa, exdirigente médico, fue sentenciado por injurias al presidente Rafael Correa. En la misma causa, fueron también condenados el exasambleísta Cléver Jiménez y su asesor, Fernando Villavicencio.

Ayer, la defensa de los sentenciados acudió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para interponer un recurso de hábeas corpus. Su argumento es que la detención de Figueroa es ilegal, porque el Estado no acató las medidas cautelares de la CIDH.

“Por decisión de la Comisión, la sentencia no debe ser ejecutada. La detención es arbitraria, ilegal e ilegítima”, dijo el defensor Julio César Sarango. Por ello, pidió la inmediata liberación del detenido.

La acción de hábeas corpus es una de las cinco garantías jurisdiccionales que otorga la Constitución. De acuerdo al artículo 89, inmediatamente después de interpuesta la acción, el juez convocará a una audiencia que deberá realizarse en las 24 horas siguientes. En esta diligencia, el detenido debe estar presente.

De esta manera, la audiencia para resolver la acción debería desarrollarse máximo el día de mañana. Después de la audiencia, el juez tiene un plazo de 24 horas más para resolver.

Las medidas cautelares de la CIDH fueron otorgadas en mayo pasado, pero el Estado ecuatoriano, a través de la Cancillería, respondió a la Comisión su decisión de no acatarlas.

Según el documento, Ecuador considera que la Comisión no tiene atribuciones para solicitar medidas cautelares al Estado, porque ni su estatuto ni el Pacto de San José, que la rige, le otorgan esa facultad.

Pero Milton Castillo, el otro defensor de Figueroa, considera que esta respuesta a la CIDH expresa la posición del Gobierno de Ecuador, no del Estado, por lo que para ellos las medidas cautelares siguen vigentes y se están violando con la detención de Figueroa.

“Tienen la obligación de pronunciarse al respecto, no solamente el Poder Ejecutivo, sino sobre todo el Poder Judicial, en este caso a cargo de la doctora Lucy Blacio, que es la jueza de ejecución en este caso”, dijo.

Sin embargo, el presidente de la CNJ, Carlos Ramírez, ya se pronunció en mayo pasado sobre las medidas cautelares y ratificó la posición del Gobierno, de que estas no son vinculantes para Ecuador.

La tarde de ayer, la CNJ ya sorteó los jueces que conocerán la acción de hábeas corpus. La causa recayó en la sala de la Niñez y la Familia, que deberá convocar a la audiencia. Al tratarse de una garantía jurisdiccional prevista en la Constitución, cualquier juez está en capacidad de resolverla.

Mientras tanto, desde una ubicación desconocida, Jiménez difundió ayer una carta que enviará al papa Francisco para que interceda por la vida e integridad de Carlos Figueroa.

En la misiva señala que él recibió amenazas de muerte y que igual suerte corren Villavicencio y Figueroa en las cárceles. “Como hombres de familia, creyentes, no podemos claudicar”, dice.

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