21 de junio de 2014 19:44

Miguel Carvajal: ‘El Decreto 310 coincide con lo que dice la Ley de Aguas’

Miguel Carvajal. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO
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Santiago Estrella G. Redactor
sestrella@elcomercio.com

Entrevista 

Miguel Carvajal/ Presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria

¿Cuándo enviarán el texto final de la Ley de Aguas?

Este fin de semana lo terminamos y lo enviaremos a la Presidenta de la Asamblea.

¿Irá solamente a votación?

El debate aún no se cierra.

Ayer comenzó una marcha en la que se demanda una Ley de Aguas distinta a la que se quiere presentar...

En un país democrático, las distintas formas de expresión son legítimas. Si hay sectores que tienen otra opinión, podrán expresarla de distinta manera, como en las manifestaciones. Es parte de juego democrático, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros ni impliquen actos de violencia que pueden generar crisis como las del 2009.

Entonces reconoce esas diferencias existentes...

Siempre habrá puntos de diferencia, incluso al interior del movimiento indígena, como lo referente a la Autoridad Única del Agua. Nosotros recogimos algunos de los criterios para mejorar el texto para que no afecten los derechos colectivos y tener una norma que proteja sus aspectos más importantes.

¿Y cuáles son esos temas?

Defender el agua como patrimonio de todos como un recurso estratégico. Por lo tanto, debe estar bajo la regulación y la rectoría del Estado. No puede estar sujeto a ningún tipo de privatización.

Desde la Conaie dicen que no se tomaron en cuenta sus propuestas...

Hemos sido claros y transparentes. Se ha hecho una redacción conjunta de los temas de consenso. Hay temas en que se mejora, como la corresponsabilidad de todos los usuarios. No se pueden incorporar todos los aspectos, como la creación del Fondo del Agua porque supone recursos presupuestarios que el Ejecutivo debiera definir a quién le quitaría asignaciones. Hemos recogido la tesis de que sea responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de Gobierno, para ubicar recursos para la conservación del agua.

La política extractivista es una preocupación.

Hay un orden de prelación. No se puede afectar fuentes de agua para el consumo ni riego. Para la explotación minera se debe tener el permiso ambiental respectivo y que proteja las fuentes de agua. Se decía que no puede realizarse actividades extractivas en cuencas ni microcuencas, pero eso sería en todo el país. Es es como decir que no se puede hacer minería en el país.

¿Por qué no se acepta que el Consejo Plurinacional pueda intervenir en las políticas públicas?

Presidente de la Comisión de soberanía alimentaria
Volvemos a recaer en el tema del agua como recurso estratégico, que debe ser controlado por el Estado. La Constitución habla de sus funciones y no puede ser de rectora del agua. Tiene funciones claras en la resolución de conflictos y debe tener un funcionamiento periódico para que no esté sujeto a la voluntad del funcionario.

Sin embargo, el Decreto 310 del Presidente crea la Empresa Pública de Agua (EPA) y la Agencia de Regulación y Control (ARCA)…

¿Y cuál es el problema? El Ejecutivo tiene la capacidad legal de organizarse a su interior y crear las direcciones que convenga. Lo que hace es viabilizar organizaciones dentro del Ejecutivo. La EPA aglutina las distintas administraciones públicas; la ARCA sirve para encontrar eficiencia. Se ha dicho que la EPA va a quitar la administración transferida, pero eso no dice el decreto.

El problema es que el decreto crea los organismos que se debaten en la ley...

¡Qué bueno que sea así! Se está mostrando la relación de diálogo entre las actividades del Ejecutivo con lo que se está discutiendo con la Ley. Si estuviera en contradicción nos preocuparíamos.

Pero ¿no es preocupante la emisión del decreto justo cuando se está realizando la consulta prelegislativa?

La discusión parlamentaria viene del 2009. Con esa lógica el Ejecutivo no debería haber hecho nada respecto al agua, a la Senagua, a todas las decisiones para mejorar la gestión del agua. Lo que se busca es un pretexto.

¿Pretexto para qué?

El Ejecutivo sostiene que se está tratando de crear una situación inadecuada en el proceso de la creación de la Ley.

Sin embargo, el Presidente advirtió el 24 de mayo que vetaría la Ley.

Digámoslo de manera completa. El Presidente tiene la competencia para vetar una ley. Dijo con toda razón que no puede crearse un pretexto que tergiversa y manipula una discusión como han hecho algunos sectores para generar una condición política de confrontación que puede repetir condiciones que llevó a situaciones trágicas como la muerte de Bosco Wizuma en el 2009.

¿Por qué ese temor?

Es una referencia. Me parece una Ley adecuada y justa porque el agua es algo muy sensible. Dicen que van a multiplicar la tarifa o que se va a privatizar. Lo mismo se decía a los shuar.

¿Qué pasaría si el Presidente veta la Ley?

No me gusta especular.

¿Hay esa posibilidad por la coyuntura de la marcha?

Yo he visto una participación seria y madura. No veo que el país esté en situación de crisis política por este tema. Solo hay que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos.

Su trayectoria 

Forma parte del movimiento Alianza País desde sus orígenes. Fue Ministro de Seguridad y de Defensa. Desde el 2013 es asambleísta nacional.

Su punto de vista 

El texto final de la Ley de Aguas que está por entregar a la Asamblea busca proteger a todos los ecuatorianos. El agua, además de un derecho, es un recurso estratégico. Por tanto su rectoría es de competencia del Estado.

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