4 de November de 2014 20:59

La decisión de la CC no frena la consulta popular

2014. El viernes 31 de octubre, los jueces de la Corte Constitucional decidieron que 16 de los 17 cambios propuestos por el bloque legislativo de Alianza País, podrán ser tramitados vía enmienda, es decir solo con el tratamiento y aprobación de dos tercio

2014. El viernes 31 de octubre, los jueces de la Corte Constitucional decidieron que 16 de los 17 cambios propuestos por el bloque legislativo de Alianza País, podrán ser tramitados vía enmienda, es decir solo con el tratamiento y aprobación de dos tercios de asambleístas. De este modo, la consulta popular queda en manos de la ciudadanía. Dos grupos políticos impulsan este proceso por separado. Foto: EL COMERCIO

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Paúl Zamora M. Redactor
politica@elcomercio.com

El oficialismo y la oposición trabajan paralelamente enfocados en la Constitución. Los primeros, con la intención de modificar 16 artículos; los otros, para que se mantenga lo establecido en la Constituyente de Montecristi del 2008. Y mañana será un día clave para los dos grupos.

Una vez que la Corte Constitucional (CC) remita a la Asamblea Nacional la sentencia del viernes pasado, dará luz verde para que se inicie el trámite legislativo. A las 08:30 se reunirá el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para resolver la designación de la Comisión Especial que tramitará los cambios a la Carta Magna.

Ahí se deberá establecer el número de legisladores que la conformarán así como los tiempos para el tratamiento de la enmienda. Dentro del oficialismo se maneja el discurso de que sean 12 miembros, similar al número de las comisiones especializadas permanentes y que se estructure en proporcionalidad con la misma representación política que existe actualmente. Por tanto, la Comisión estaría conformada con alrededor de un 80% de la bancada de Alianza País y el 20% restante con las demás agrupaciones políticas.

Otro de los temas que se deberá definir es los tiempos para el trámite legislativo. Sobre este punto, una de las opciones es que se maneje el mismo calendario como si fuera una ley ordinaria: es decir 45 días entre que el texto llegue a la Comisión hasta el primer debate en el Pleno. Y luego de ello, deberán pasar 13 meses para su sanción definitiva.

Ese mismo día y casi a la misma hora, el colectivo Compromiso Ecuador, conformado por 40 organizaciones políticas y sociales, entre las que están Creo y Concertación, presentarán ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una pregunta de consulta popular para respetar el actual contenido de la Constitución.

El objetivo es que el CNE les otorgue los formularios para iniciar la recolección de las firmas en todo el país.

¿Es viable impulsar una consulta popular desde la ciudadanía cuando ya existe una resolución de la CC? Algunos conocedores del tema aseguran que sí. El constitucionalista Jorge Alvear señala que lo que ha hecho la CC es señalar un procedimiento para llevar a efecto una reforma y que mientras esta no se lleve a cabo legalmente, una consulta popular es viable. Con este criterio coincide el catedrático Farith Simon: “no hay una puerta cerrada para la consulta popular y se puede hacer paralelo al trámite de enmiendas en la Asamblea”.

Desde el oficialismo se ratifica el derecho de los ciudadanos a realizar una consulta, pero aseguran que en este caso “es solo una estrategia de las élites para desestabilizar al Gobierno Nacional” y se ratificaron en defender una “enmienda popular” con un amplio proceso de discusión a lo largo del 2015.

El próximo año será también importante para cualquier persona o colectivo que pretenda llevar adelante una consulta popular.

Otra de las enmiendas que tratará la Asamblea es eliminar de la Carta Política la consulta de iniciativa ciudadana sobre cualquier tema.

El presidente de Concertación, César Montufar, dijo que resaltarán el derecho que tienen los ciudadanos a consultar y ser consultados. Los próximos meses serán claves para consolidar su proyecto. Además, están conscientes de que esta podría ser “la última oportunidad” de realizar una iniciativa de este tipo.

Alvear ratifica que si las reformas propuestas por Alianza País entran en vigencia, la posibilidad de realizar una consulta popular, con las libertades actuales, se verá restringida.
“En la práctica, es Alianza País el que propuso el texto de enmiendas por lo que sería iluso que se vayan a enredar en una comisión donde tendrán mayoría”, dice el legislador Ramiro Aguilar.

Alianza País, por tanto, estará obligada a proponer un debate que incluya a varios sectores porque son temas complejos, según Aguilar. La reducción de competencias de la Contraloría o que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad integral del Estado, demandará un gran análisis al interior de la Legislatura. La reelección, sostiene, sería apenas una de las patas de esta mesa política nacional.

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