15 de January de 2010 00:00

El Estado deberá indemnizar a familiares de Guadalupe Larriva

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Redacción Cuenca
 
El Estado deberá indemnizar a los familiares de ex ministra de Defensa, Guadalupe Larriva, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Cuenca. Este dictamen determinó que los hijos de Larriva, Rodrigo y Priscila Ávila Larriva, deben recibir USD 1 millón.

También señala que se deberá entregar otro USD 1 millón a los abuelos de Claudia Ávila (16), hija de Larriva, quien también falleció en el accidente del helicóptero en Manta, el 24 de enero de 2007. En ese hecho murieron cinco militares.

Según el dictamen, la compensación es por la responsabilidad que tiene el Estado y sus agentes en la tragedia. Esta sucedió cuando Larriva junto a su hija en Manta efectuaban ejercicios de evaluación del sistema de visión nocturna en las inmediaciones del aeropuerto de Manta. Mientras volaban dos helicópteros colisionaron.

Para Víctor Granda, abogado defensor de la familia Larriva y miembro del Partido Socialista, lo importante no es el monto de la indemnización, sino el hecho que el Estado reconoció la responsabilidad en este caso. “Eso es lo fundamental, porque de acuerdo con la Constitución, si el Estado y sus agentes provocan hechos que demanden indemnización por parte de los ciudadanos, tiene que ser demandado y debe pagar”.

Deifilio Larriva, padre de la difunta Ministra, asegura que se analiza esta sentencia porque la demanda fue por USD 4 millones. “Estamos cuestionando lo que dice el dictamen y lo que podemos hacer, quizá es una apelación”.

Granda hoy emitió un comunicado en el que señala que la Fiscalía General del Estado “pretende impedir el juicio penal y dejar en la impunidad la responsabilidad penal de los agentes del Estado, alto mando militar y otros oficiales, que actuaron cuando menos culposamente en el acontecimiento”.

Él explica que se sigue paralelamente un juicio penal en el que el fiscal General del Estado, Washington Pesantez, formuló cargos. Pero, comenta Granda, se echó para atrás, “tal vez por presiones”.

De acuerdo con el fallo emitido en Cuenca, el Estado tiene 60 días desde la ejecutoria del veredicto para pagar la indemnización a los familiares de Larriva. Pero existe la posibilidad que se presente un recurso de casación por parte del Estado.

Granda recuerda que el presidente Rafael Correa y su Secretaría Jurídica cuando contestaron la demanda dijeron que no desconocían la responsabilidad del Estado en ese hecho. “Me parecería un contra sentido que ahora ellos presenten una impugnación o una casación. Pero jurídicamente lo pueden hacer”.

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