17 de July de 2009 00:00

Se debate el marco legal constitucional

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Redacción Política

Por más de cuatro horas, los asambleístas intervinieron ayer en el primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Comisión de lo Civil y Penal procesará los aportes de los legisladores para incluirlos en el informe para segunda discusión, dentro de los próximos siete días.

Temas como la creación de salas constitucionales en las principales regiones del país; contar con jueces especializados en esta materia; regular el ejercicio de las garantías constitucionales; fortalecer a la institución de la interpretación de la Constitución fueron, entre otras, las recomendaciones que plantearon los comisionados. El debate contó con la presencia de los miembros de la Corte
Constitucional, presidida por Patricio Pazmiño.

El proyecto garantiza una aplicación eficaz del control constitucional, así como sus lineamientos, la organización de esta rama de la justicia y de sus procesos, a fin de promover una justicia constitucional efectiva que garantice a las personas el goce de sus derechos humanos y que asegure la supremacía de los preceptos constitucionales.

Durante el debate se propusieron observaciones para denominar al cuerpo jurídico como Ley Orgánica de Control y Administración de la Justicia Constitucional, con la finalidad de que esté enmarcado en el nuevo rol de esta Corte, como máximo órgano de control de la
constitucionalidad en el país.

La  vicepresidenta de la Comisión de lo Civil y Penal, Rosana Alvarado, explicó que el proyecto establece los principios generales de los procesos constitucionales, desarrolla sus garantías, el control concreto y abstracto de constitucionalidad y las demás competencias de la Corte Constitucional, así como su estructura y organización.

Señaló que las garantías serán interpuestas ante jueces de primera instancia y los fallos podrán ser apelados ante la Corte Provincial, por lo que los jueces se convierten en constitucionales, encargados de ejercer un control permanente sobre todo el ordenamiento jurídico.

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