3 de April de 2010 00:00

Poco debate en la ley universitaria

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Redacción Política

La conformación del órgano de control del sistema de educación superior  no se ha definido aún.  Es  el principal punto de fricción entre el sector universitario y la bancada de Alianza País, en relación al proyecto de Ley que reemplazará al cuerpo legal vigente  desde 15 de mayo del  2000.

Sin embargo, si se concretan  las proyecciones del asambleísta de Cañar,  Raúl Abad (A. País),   el informe para segundo debate de la Ley   de Educación Superior debiera estar  listo hasta el jueves 15.

13 días faltan para que la Comisión de Educación presente el informe de  segundo debate.

Ese día, Abad, quien dirige la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, planea entregarlo al presidente de la Asamblea,  Fernando Cordero.  Él deberá establecer la  fecha para la realización de la segunda discusión.

Abad dijo que desde la próxima semana  comenzarán a  aprobar el contenido de la norma. El proyecto, que el  12 de noviembre  pasado fue discutido en primer debate,  contiene 237 artículos.

Ese día intervinieron algunos  rectores de centros públicos y particulares, dirigentes universitarios y Gustavo Vega, quien preside el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup).

Vega advirtió que a juicio de la comunidad universitaria el informe a discutir estaba crudo.  “Privilegia la política autoritaria, el método del castigo y decreta la calidad en lugar de fomentarla”.

Entonces un punto en particular ocasionaba malestar  entre los asambleístas oficialistas y el sector universitario, apoyado por el MPD y PSP, las otras tendencias que conforman la comisión.

Se trata de la conformación del Consejo de Educación Superior, órgano de control del sistema, y la no inclusión de  rectores.

El ente estaría integrado por cuatro representantes del Ejecutivo y seis académicos, elegidos en un concurso de méritos. No se ha definido quién lo presidiría.

Cuatro meses después del primer trámite  y a unas semanas de que se entregue el informe para la segunda discusión, las divergencias no han sido superadas. 

Gioconda Saltos (PSP) se queja por la falta de debate al interior de la comisión. “Se habló de articular la ley y estamos a la expectativa de una convocatoria. No nos han llamado  para estudiar la Ley de Educación Superior. No hay un trabajo en conjunto, necesario porque quedaron pendientes asuntos que lesionan la autonomía financiera y académica”.

Jorge Escala (MPD) confirma que no han convocado a una reunión de la comisión a los legisladores de minoría. Y se anticipa: “seguramente  ya tienen el informe  listo. Van a imponer un ‘paquetazo’ de Ley  de Educación Superior, sin mayor debate, como han estado acostumbrados”.

Para Manuel Salgado, doctor en ciencias políticas y maestro de la Universidad Central, la situación es preocupante. “El Gobierno y el bloque  de  País persisten  en tener un organismo burocrático que controle a las universidades ecuatorianas”.

Salgado, de tendencia socialista, pregunta por qué no se ha tomado en cuenta las opiniones del sector universitario.

Recuerda que antes del primer debate, con la mediación del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, se conformó una comisión tripartita. El Conesup, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y el Legislativo la integraban.

No obstante,  los miembros del Conesup no han sido tomados en cuenta, según confirmó la Dirección de Comunicación.

Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la U. Católica, era uno de los delegados universitarios a las mesas.

Tampoco ha sido citado a dialogar. Acudió a una cita con Abad, pero no en representación  del Conesup. “Es David contra Goliat. El Gobierno tiene todos los mecanismos para difundir  su punto. No tenemos ese espacio”.

Escala exhorta a Abad a convocar a la comisión en pleno para analizar artículo por artículo el proyecto. “Es una ley que mata la autonomía, la gratuidad”, dice.

Anuncia  al Gobierno y a la bancada de Alianza País  que se desencadene una conflictividad social. “Estamos cansados de que se aprueben leyes por la dictadura de los votos ”.

Abad asegura que han recibido en comisión general en   más de 15  ocasiones a  profesores, rectores, estudiantes, el Conesup y  la Senplades. Este fin de semana esperaba que los asesores  pulan  la redacción del proyecto, que compartirán con los otros legisladores de la mesa, dijo.

Ingresos, otro punto polémico

Más de USD 450 millones reciben las universidades en el país

La propuesta de  Senplades de que se  entregue más recursos a las universidades no pasó, se eliminó del informe del primer debate. Senplades planteaba no asignar menos del 5% del Presupuesto General del Estado.

Mao Moreno (AP) indicó que en el  2008, el Fopedeupo significó más de USD 450 millones. Con el incremento ofrecido pudieran ser USD 640 millones.

Las rentas   son  distribuidas en base a un modelo, vigente desde  el 2002. El 30% de los recursos se reparte en partes iguales pues se cree que todos los centros universitarios tienen la misma estructura y necesidades de mantener una planta académica...

El 35% se distribuye   según el número de estudiantes de cada institución, el área de estudio y el nivel de permanencia y promoción. Por eso las universidades que más dinero reciben al año son la Central de Quito, Estatal de Guayaquil y de Cuenca, las más pobladas del país.

El 31%, por número de carreras de pregrado y posgrado, dedicación y titulación docente. El 2%, por eficiencia administrativa, y 2%, por patrimonio. 

En 2008,  las universidades públicas y cofinanciadas del país recibieron para su presupuesto USD 455 371 000. Los recursos básicamente provienen del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), que existe desde hace 13 años. El Fopedeupo es una preasignación que se convierte en  participación directa  gracias a una  ley especial. Las rentas son asignadas y según sus defensores, así las universidades no dependen del vaivén de cualquier gobierno.

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