Redacción Sociedad
La conformación del organismo de control de la educación superior mantiene las diferencias del sector universitario con el informe presentado por los asambleístas. Hoy, a las 09:00, comenzará el primer debate de las reformas a la Ley de Educación Superior.
A esa hora, en el parque El Arbolito, se concentrarán los estudiantes de universidades públicas y privadas. Marcharán hasta el organismo legislativo para pedir ser escuchados. Una comisión será recibida por la Asamblea.
En el informe de mayoría de la comisión de Educación, que preside Raúl Abad, de Alianza País, el tema de la Integración del Consejo de Educación Superior se trata en el artículo 170.
Hay un cambio: ahora la mayoría no la tiene el Ejecutivo. Según el informe, va con cuatro representantes. Son el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación, quien lo presidirá. También el Secretario Técnico del Sistema Nacional de Planificación, los ministros de Educación y Producción.
Además, seis académicos, tres de las universidades y politécnicas públicas, dos de las particulares y cofinanciadas, uno de los institutos superiores y uno del sector de estudiantes que participará en las sesiones con voz.
Édgar Samaniego, rector de la U. Central, no está de acuerdo con esta propuesta. Por eso participará de la marcha hasta la Asamblea. Se opone porque en este informe “no hay un solo representante de los actores del sistema. No deben ir académicos, sino los rectores, que podríamos ser elegidos por concurso”.
Tampoco le parece que el Secretario de Ciencia y Tecnología tenga tantas atribuciones.
Samaniego presentó un comunicado a través del cual él y los rectores de la Politécnica Nacional, Espol y las universidades Andina, Nacional de Loja, de Cuenca, Técnica del Norte y Técnica de Bolívar, hacen un pedido.
Quieren que la universidad pública tenga mayoría en el organismo. Además insisten en que de acuerdo con la Constitución, se le asigne al sistema el 5% del Presupuesto General del Estado (no del Presupuesto Central como proponía la Senplades). Esto además del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico.
David Almeida, presidente de la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador (FEPE), dice que en la práctica la Secretaría de Ciencia y Tecnología tendría las atribuciones de aprobar y legitimar carreras y programas de estudio, definir políticas generales… Y mantiene la idea de que debe haber cogobierno en el organismo de control, con representantes de la Universidad.
Los representantes estudiantiles de los centros privados serán parte de la marcha. Confirmaron que será pacífica. Paúl Pérez, de la U. Católica, aclaró que no son la oposición. Pero ratificó que no aceptan la intromisión de supuestos representantes de este sector.
Esto en relación a Eduardo Sánchez, quien “se toma el nombre de la Federación de Estudiantes de las Universidades Particulares del Ecuador (Feupe). Es asambleísta alterno por Alianza País”. Lo recordó Jaime Morán, de la Asociación Escuela de Derecho de la U. Católica.
José Boada, de la Universidad de las Américas, dijo que la Asamblea no ha recogido el sentir de los estudiantes de los centros particulares. Señaló que como el 21 de octubre pasado, junto a los alumnos de las públicas marchará.
Santiago Albán, presidente del Gobierno Estudiantil de la U. San Francisco de Quito, comentó sobre el informe presentado por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador (Conea).
“Es un ‘ranking’, no sabemos qué tan eficaz fue el análisis, no han dicho cuántas personas intervinieron, cómo se hizo”. Patricia Valle cursa el séptimo semestre de Derecho en la Politécnica Javeriana (son 10, cada uno le costó unos USD 980). Es una de las 26 universidades que el Conea ubica en la categoría E y aconseja su intervención y hasta cierre. La escogió porque su esposo se graduó ahí.
“Hay un informe académico. No hemos sido evaluados y estamos dispuestos a pasar un examen, tienen que probarnos que no tenemos un buen nivel. Sobre la falta de infraestructura, el Conesup dio dos años a la universidad para cambiar el campus”. Este Diario intentó hablar con el Rector, pero en Secretaría dijeron que no daría declaraciones.
En la U. Cristiana Latinoamericana, a través de un comunicado, se dijo: “No es una universidad de garaje y tampoco ha ofertado carreras en combo” y que cumplen con los tiempos y créditos dispuestos por el Conesup.