El primer debate de Ley de Telecomunicaciones, que concluyó hoy, martes 11 de noviembre del 2014, centró su discusión en dos temas: nuevas regalías de las telefónicas y la creación de una nueva agencia reguladora, que reemplazaría a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel).
El articulado propone una tabla que busca recaudar entre el 1 y el 9% de los ingresos totales de las operadoras que tengan una participación en el mercado sobre el 35%. Este artículo solo afectaría a Claro, que cuenta con el 68,07% de participación en el mercado.
Asimismo, plantea la eliminación de organismos como la Supertel, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), para dar paso a la Agencia de Control y Regulación de las Telecomunicaciones.
Por ejemplo, la asambleísta por el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, Cristina Reyes, sostuvo que este proyecto “castiga a la eficiencia de las empresas que realizan bien su trabajo y gracias a su servicio atraen a un mayor número de clientes”. En ello coincidió Franco Romero, asambleísta del mismo partido, quien solicitó que se archive este proyecto de ley.
“El proyecto busca recaudar más de USD 100 millones en beneficio del Estado y en perjuicio de los alrededor de 6 000 trabajadores de las operadoras de telefonía móvil, pues el proyecto es un disfraz de la iniciativa original”, dijo Romero.
Mientras que los legisladores de la bancada oficiliasta defendieron la propuesta. La asambleísta por Alianza País, Paola Pabón, sostuvo que este el artículo 408 ampara a la ley para obtener mayores regalías por parte de las telefónicas. “La Ley de 1992 es caduca y requiere en cambios a favor de todos los ecuatorianos”, dijo Pabón.
Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralizados, que trata este proyecto de ley, señaló que luego de 15 días sesionarán para determinar un cronograma para establecer qué instituciones y entidades comparecerán para la construcción de este cuerpo legal para el segundo debate.
Por ejemplo, dijo Calderón, se tiene previsto que funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI) acudan a la comisión legislativa, para que informen con más detalle sobre las declaraciones de impuestos de las operadoras. Asimismo, se prevé que representantes de los usuarios acudan para aportar a este proyecto de ley.
Luego del primer debate, la Ley Orgánica de Función Legislativa establece que la comisión tiene 45 días para la elaboración de un segundo borrador para su debate final.