Son responsables y sensatas las recientes declaraciones de Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, en relación con el proceso para la elaboración de la Ley de Comunicación.
En la entrevista aparecida este domingo en este Diario, aclaró que el proyecto entregado por la comisión especial presidida por la asambleísta Betty Carrillo “no es una ley de Alianza País ni del Gobierno”, pues, según él, en referencia al movimiento oficialista, “somos libres y valoramos la democracia participativa, estamos creando las condiciones para tener una postura, ojalá, unificada, para el primer debate de la Ley de Comunicación”.
Cordero cuestionó algunos aspectos del proyecto que han despertado intensa polémica y que han generado enorme inquietud en sectores relacionados con la comunicación social, la información pública y el ejercicio del periodismo. Uno de ellos es la integración de un consejo de comunicación que, según el documento presentado, tendría funciones controladoras y restrictivas, con el agravante de que el Gobierno de turno tendría, en la práctica, mayoría en las decisiones.
Otro de los asuntos delicados, según el Presidente de la Asamblea, es la contradicción entre un artículo que habla de que no habrá censura previa y otro que señala que el Estado debe vigilar el cumplimiento del derecho ciudadano a recibir información “veraz y verificada”.
Cordero propone repensar el proyecto de ley y abrir verdaderos espacios de debate para que puedan expresarse todos los sectores nacionales. Es una saludable actitud pues, como él mismo señala, es la gran oportunidad de hacer de la Ley una de las mejores del continente. Tal como está pensada ahora, debe archivarse.