Esta será la última sesión del Pleno de la Asamblea, convocada para las 09:00. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El Pleno de la Asamblea Nacional culminará el año hoy con el primer debate de las reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria.
El objetivo de la propuesta es generar un marco de control para el sistema cooperativo del país y otorgar a este sector de la economía formalidad.
El legislador de Alianza País (AP), Carlos Bergman, quien forma parte de la Mesa de Régimen Económico, señaló que el sector de la economía popular y solidaria es uno de los más importantes del país y que el propósito es fortalecerlo. Según datos de esta comisión, hay alrededor de 4 000 cooperativas, de las cuales 1 000 se dedican a ahorro y crédito y las otras
3 000 son cooperativas de vivienda, de fondo mortuorio, cajas comunales, etc.
“Queremos que exista la formalidad, poder asegurar a los habitantes y que sepan que hay un control de este segmento de la economía”, explicó Bergman.
En agosto, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) resolvió la liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Rural Ltda. y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpet Tungurahua. El anuncio se emitió tras una auditoría financiera.
Según informó la SEPS, el cierre de Acción Rural se dio por los “ingresos sin sustento de 3,7 millones”. Por otra parte, se detallaron “gastos no registrados” y bienes inmuebles sobrevalorados en al menos cuatro millones de dólares.
Para el legislador Luis Fernando Torres (Creo-PSC-Cambio) estos casos no son aislados y el impulso de una Ley de Economía Popular guarda relación con la coyuntura económica: “El sistema bancario es bastante sólido pero a nivel de cooperativas ha habido problemas y eso preocupa al Régimen, que tiene la presunción de que el sistema cooperativo necesita más control”, dijo.
El debate se realizará sobre la base del informe de la Comisión del Régimen Económico, cuyos integrantes consideraron que son necesarias las reformas porque falta claridad en la definición e identificación del sector; insuficiente normativa regulatoria para los sectores comunitario y asociativo; lentitud en el registro, catastro y obtención de personería. También, advirtieron dificultades para la obtención de títulos habilitantes necesarios para su desenvolvimiento económico, como el Registro Único de Proveedores, Registro Sanitario, acceso al Régimen Simplificado de Tributación para organizaciones.
Existen dos preocupaciones según Édgar Peñaherrera, de la Red Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito: la primera es que algunas entidades como bancos comunales y cajas rurales deban registrarse en otras entidades y ya no en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
La otra preocupación es que se están replicando algunas transitorias de la norma original, lo que generaría incertidumbre porque hay que hacer procesos de adaptación a esta nueva norma. Esto genera incomodidad por cambios en directivas, estatutos, registros, etc.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández resaltó la importancia de aprobar la normativa pues permite a los pequeños y medianos productores organizarse de manera asociativa para participar como actores de la economía popular.
Dijo que no hay que mirarla de manera marginal, sino como un sector de la economía que participa en los grandes proyectos que impulsa el país y para ello fue necesaria la revisión integral del marco legal.
En contexto
El proyecto de reformas a Ley de Economía Popular y Solidaria incluye temas como los procesos de registro para las organizaciones nacientes, aclaraciones en la reglamentación para su asociación, entre otros.