Gina es ecuatoriana. Tiene 21 años y estuvo a punto de abortar hace dos. Acudió a la Fundación Vida y ahí le convencieron de no hacerlo.
En detalle
El Manifiesto de Madrid firmado por un millar de científicos afirma que la reforma: “Ignora los datos científicos sobre el inicio de la vida, que está la fecundación”.
“Obviamente un embrión no es un bebé, pero ya es una vida humana y abortar es eliminarla”, subraya el profesor Nicolás Jouve, profesor de Genética.Después de esa charla, confiesa haber sentido miedo no sólo porque iba a “matar una vida”, sino porque era posible que ella tuviera una complicación, dice la compatriota.
Este testimonio, colgado en la página web de esta fundación, es un puntal de la campaña que lleva adelante en contra de la reforma a la Ley del Aborto. 112 138 abortos se produjeron en la Península en 2007, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.
La Fundación Vida estima que cerca de 28 000 eran ecuatorianas, el 25%.
Del total, el 61% de las mujeres que frenaron la gestación eran inmigrantes y el 41% latinoamericanas. “La inmigrante está sola, muchas veces desarraigada y al no tener un ocio en familia, se le empuja a un ocio promiscuo”, es la conclusión de Manuel Cruz, director de la Fundación Vida.
Apoyo y derechos
Según la Asociación de Clínicas acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, el 32% de sus pacientes son extranjeras y de ellas el mayor número han nacido en Ecuador. El protocolo de actuación de ACAI prevé entrevistas con psicólogos, médicos y psiquiatras antes de la intervención.
Ellos determinarán si se cumple uno o más de los supuestos por los que no está penalizado el aborto: cuando hay grave riesgo para la vida o salud de la madre, si el embarazo es resultado de una violación o si se presumen graves anomalías en el feto. Para Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Actualmente se permite a alguien de 16 años decidir si se hace un transplante de órgano.
Puede casarse o ir a la cárcel… Casi todo menos interrumpir el embarazo”. Cree que la voluntad de detener la gestación debe ser catalogada como un derecho de la mujer “para decidir si quiere o no ser madre, cuándo o el número de hijos que quiere tener”.
Un tema de salud pública
La nueva ley plantea despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 si hay peligro para la salud o vida de la madre o anomalías en el feto. Y prevé que las mujeres de 16 años puedan detener su embarazo sin autorización de sus padres. Para Francisca García de la ACAI despenalizar el aborto es un problema de salud pública.
“Al año mueren cerca de 100 000 mujeres por interrupciones clandestinas y en malas condiciones sanitarias”. Cree la experiencia demuestra que una mujer decidida a abortar lo va a hacer de forma legal o no. “Las estadísticas del Tribunal Superior de Justicia revelan que durante la época franquista, 100 000 mujeres abortaban al año y 400 morían durante la intervención”, añade la facultativa.