19 de December de 2009 00:00

¡Debatamos…!

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Milton Luna Tamayo

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Patético… ¿Estamos de espaldas al futuro? ¿Sufrimos de empacho mental por los múltiples problemas nacionales tendidos en la mesa?  ¿Las fiestas de diciembre nos tienen pasmados? Sea por cualquiera de estas razones el país no participó ni se interesó del debate en la Asamblea Nacional de una de las leyes más importantes para su destino: la de educación general.

El proyecto de Ley de Educación presentado para el primer debate es fruto de un esfuerzo de concertación impulsado por la Comisión Ocasional de la Asamblea. Recupera buena cantidad de la doctrina contemporánea, así como principios y objetivos que sobre educación plantean la Constitución. Sin embargo, varios ámbitos de concepto y orgánicos o de procedimiento tienen que ser mejorados.  

Uno de ellos es la recreación de la visión tradicional -escolarista- de la educación. Se la concibe circunscrita al aula. Se asume que los aprendizajes de las personas  dependen solo de lo que se hace en la escuela. Todos aprendemos en ella, pero también en la calle, en el parque, y en el hogar, de los familiares o de los medios de comunicación, en especial la TV y cada vez en mayor medida del Internet.

Muchos actores intervienen en la educación. Siendo así, todos tienen  que corresponsabilizarse de manera diferenciada para que sea de calidad. ¿Cuáles actores? El Estado central (ministerios: Educación, Finanzas, Planificación, Cultura, Salud, Deporte, etc.), las prefecturas, los municipios y las juntas parroquiales, así como la sociedad: familia, docentes, medios, empresarios y comunidad.

En el proyecto de ley se sobredimensiona el papel del Estado central. Se soslaya el papel de los gobiernos autónomos descentralizados y se diluye la participación ciudadana. La máxima expresión de este problema es el carácter y la composición del Consejo Nacional de Educación (CNE). Se le dota de una función consultiva y se le integra exclusivamente con múltiples miembros del sector: ministros de Educación y Planificación, universidades, docentes, padres y estudiantes.

Ecuador por cerca de tres décadas tuvo un CNE consultivo: fue un aparato decorativo que se  utilizó alguna vez para avalar la política de algún ministro. 

Una rectificación saludable en la nueva ley sería dotarle al CNE de una capacidad vinculante y de una composición que convoque a representantes del Estado y de la sociedad. Su función no debe competir con el ejercicio de la rectoría y de la gestión que estaría a cargo del Ministerio, mas sí le correspondería la construcción colectiva de las grandes políticas nacionales (Proyecto Educativo, Plan Nacional) y la vigilancia de su cumplimiento más allá de cualquier gobierno.

Con esto daríamos un salto del Estado Docente a la Sociedad que aprende. De la corporativización a la ciudadanización de la educación. Debatamos, ¡por favor!

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