4 de enero de 2016 10:42

El cultivo de la hoja de coca, un tema pendiente del posconflicto colombiano

El lunes 28, el Comando de Fuerzas Especiales 53 ­ejecutó un control en la vía a Dureno, en Lago Agrio.

El lunes 28, el Comando de Fuerzas Especiales 53 ­ejecutó un control en la vía a Dureno, en Lago Agrio. Foto: Galo Paguay/El Comercio

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Javier Ortega
Redactor (I)

A lo largo del Putumayo, uno de los departamentos colombianos que limitan con Ecuador, se levantan decenas de hectáreas de hoja de coca. Es la zona que más produce esta planta. Líderes campesinos advierten que la firma de paz con las FARC, anunciada para el 23 de marzo, puede traer violentas disputas por el control del territorio y de los cultivos.

En Ecuador también lo creen. A partir de este mes, el Gobierno establecerá mesas de seguridad en el cordón fronterizo (Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos), para evitar que estas provincias “puedan ser un frente abierto para cualquier situación”. Eso lo reconoció hace dos semanas el ministro del Interior, José Serrano.

Uno los acuerdos entre el Gobierno de Colombia y las FARC es la suspensión de las fumigaciones aéreas en los cultivos de hoja de coca. Para las autoridades locales, esta medida puede causar que las plantaciones se extiendan en el territorio ecuatoriano.

En la Policía y en las FF.AA. ya se analizan estrategias para enfrentar este escenario. Los agentes crearán enlaces en Sucumbíos y en Esmeraldas y también estudian ampliar los controles en Colombia, luego de un acuerdo con ese país.
Mientras eso se concreta, los soldados siguen su vigilancias de rutina en la frontera.

El lunes 28 de diciembre, EL COMERCIO visitó Lago Agrio, por donde los grupos criminales colombianos trafican drogas, armas... Ese día, un grupo de 15 militares del Comando de Fuerzas Especiales 53 levantó un retén en Dureno, una comunidad ubicada a 10 minutos del centro de Lago Agrio. Los agentes revisaron los autos y pidieron a los pasajeros que bajaran para ser registrados.

Esas inspecciones se ejecutan en puntos aleatorios de la provincia, durante las 24 horas. Un día después, el martes 29 de diciembre del 2015, este Diario llegó a Puerto Asís, una zona colombiana golpeada por la guerrilla y de alta producción de hoja de coca. Marco Rivadeneira, presidente de la Asociación de Campesinos de ese municipio, ve difícil que los agricultores de Putumayo dejen los monocultivos de coca. De hecho, cree que puede haber masacres tras la firma de paz con el grupo subversivo.

El líder pinta el probable escenario: guerrilleros que no se acojan a la paz protegerán a los campesinos para que sigan cultivando la planta. “El enfrentamiento será bravo”.

En Ecuador no descartan esa posibilidad. Los soldados saben que el Frente 48, una de las facciones más violentas de las FARC y que opera en Putumayo, se dedica al narcotráfico.

En Sucumbíos hay al menos 19 rutas clandestinas por donde se trafican armas, combustibles y drogas. El dato lo admite Petronio Segarra, comandante del Grupo de Fuerzas Especiales 53, a este Diario. Por esos pasos ilegales, guerrilleros vestidos de civil ingresan a la provincia para comprar provisiones. Otros, en cambio, intentan refugiarse.

En el 2015, Ecuador capturó a seis narcoguerrilleros. Dos de esos detenidos eran considerados piezas claves en las FARC. El primero es Bartolomé Jamioy, detenido en julio pasado en Puerto El Carmen, en Sucumbíos. Informes oficiales lo señalan como “el segundo cabecilla del Frente 48 de las FARC”.

Y se dice que era “el encargado de la compra de material de guerra y de la venta de base de cocaína para el abastecimiento y sostenimiento económico de los frentes 48 y 32 de las FARC y de narcos de Ecuador”.

El segundo es Diego Mejía, alias ‘El Paisa, también arrestado en Sucumbíos. Vivió seis meses en Lago Agrio. Planeaba levantar una red dedicada al lavado de activos. Colombia incluso asegura que tenía “vínculos con los cabecillas de los frentes 32, 48 y 49 de las FARC. Y coordinaba la ubicación de los anillos de seguridad para los laboratorios en la zona fronteriza con Ecuador”.

Los militares locales están conscientes que tras el acuerdo de paz habrá guerrilleros que seguirán con actividades ilícitas. En el cordón fronterizo hay desplegados 8 000 soldados, pero se prevé que el número aumente en el posconflicto.

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