Si hacemos abstracción de las urgencias fiscales del Gobierno y de los difusos estudios técnicos sobre la situación financiera e informes actuariales del IESS, no es fácil entender las razones políticas que desembocaron en el zarpazo económico dado a la Seguridad Social con la aprobación de la Ley de Reforma Laboral esta semana.
El Presidente, sus ministros y su bloque legislativo (no todo porque una quinta parte de él le hizo sutilmente ‘el quite’) se jugaron una carta riesgosa.
Con el pasar de los días es más evidente que para contrarrestar el desgaste político ya resulta poco eficaz la estrategia de mirar hacia atrás y endilgar responsabilidades y culpas a los antiguos administradores de la cosa pública. La intención de preservar la memoria histórica pierde su razón de ser cuando se trata de justificar acciones actuales.
La pérdida de un importante aliado político (Avanza), que puede disputarle más adelante al oficialismo un amplio espectro electoral, es apenas una de las tantas consecuencias de la tozudez de aprobar, limitando el espacio del debate, una Ley que afecta a un sector extremadamente sensible como los actuales y futuros jubilados.
La inquietud social aumenta. Según recientes datos de la encuestadora Cedatos, la ciudadanía está cada vez más preocupada por el futuro de la seguridad social y temas económicos como la aplicación de las salvaguardias arancelarias y sus consecuencias en las finanzas del hogar.
Hasta hace poco, en medio de la sensación de bienestar por la estabilidad económica, esos asuntos apenas aparecían en la lente ciudadana. Eso se traducía en una amplia aprobación a la gestión del Régimen y especialmente del Mandatario. Es pronto para decir que la percepción del ecuatoriano dio un giro radical, pero sería iluso no pensar que el Gobierno tiene que pagar un alto costo político. Por la dimensión del déficit y las medidas que habrá que tomar, la factura puede crecer. Ya no habrá cómo decir que la culpa es de los otros.