Redacción Judicial
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Con un empujón, Marcela F., de 45 años, trató de evadir a la mujer que intentó robar su cartera. Pero la joven de 19 años le tomó de los cabellos y forcejeó hasta causarle heridas en el rostro.
Dos policías que recorrían las avenidas América y Colón (Quito) detuvieron a la chica. Con esposas en las manos, los oficiales la subieron al patrullero. En el recorrido de cinco minutos, hasta llegar a la Policía Judicial (PJ), la joven no estuvo sola: Marcela F. fue llevada en la misma camioneta.
“Ella me veía y se reía”, recuerda la mujer, a dos meses del asalto. “Yo temblando del miedo, pero tenía que presentar la denuncia y ver si se consigue algo”.
En este tipo de hechos, las víctimas quedan expuestas. La Fiscalía cuenta con una Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, pero acoge a un porcentaje mínimo. En el 2009 se registraron 145 000 denuncias por delitos a escala nacional pero solo 1 268 víctimas ingresaron al Sistema de Protección (hay otros 1 082 testigos). Es decir, el 0,8%. Cifra similar se registró en el 2008 y se proyecta para este año.
Cristian Lombeida, quien en la Fiscalía General está a cargo del Sistema de Protección, dice que a esta Unidad solo ingresan personas que cumplen parámetros como agresión y acoso constantes. En la Unidad que opera en Pichincha se dice que sería imposible asistir a todas las víctimas.
El psicólogo Byron López sostiene que todas las personas requieren ayuda. “Por más delito pequeño que sea, las víctimas
tienen que explicar a la Policía, luego al Fiscal, más tarde a los jueces. Es decir, se ven obligados a recordar ese momento duro. La secuela es una depresión crónica”.
El penalista Rigoberto Ibarra añade que igual ocurre cuando, en casos de agresiones sexuales, la persona tiene que someterse
al examen médico legal.
Para Marcela F. lo más dificultoso fue acudir ante el comisario y tener al frente a la persona que intentó robar la bolsa donde llevaba USD 100 para pagar en el banco. “Caminaba por la avenida América y sentí que alguien me arranchó con fuerza… Mi reacción fue defenderme hasta con golpes”, relató en la audiencia.
Cada día, la Unidad de Delitos Flagrantes de la PJ recibe hasta 30 casos de asaltos en Quito, pero nadie recibe asistencia psicológica. Esto lo confirma el coordinador del área, Iván Roon.
Igual ocurre en el resto de provincias. Lombeida admite que en las Unidades de Protección de todo el país tampoco hay psicólogos ni trabajadora social
El miércoles, Marcela F. llegó a la Policía Judicial para denunciar el asalto que sufrió Javier Z. Él no estaba solo. En la pequeña sala de flagrancias había personas que habían sufrido algún asalto. Entre ellos, ingresó un policía con un cuchillo de 20 centímetros de largo.
Detrás del uniformado venía un detenido y a su lado Francisca B. Ella casi no hablaba. Solo decía que el joven la amenazó con el arma blanca e intentó robar la tienda que tiene en la 24 de Mayo.
Frente a frente, separados solo por una silla. Así permanecieron Francisca B. y el detenido. El juez vigésimo cuarto de lo Penal, Danny Roa, reconoció que eso se debe también a la falta de espacio físico, la oficina solo mide 3 metros cuadrados y acusados y acusadores se encuentran allí.
Roa comenzó el juzgamiento, pero al conocer que en el intento de robo se utilizó un arma blanca pidió que el caso pasara a la Fiscalía, porque es delito y no una contravención de flagrancia.
La sala de audiencias de la Fiscalía es más amplia. Pero acusados y acusadores están separados solo por un pasillo de dos metros.
Galecio Luna fue el juez que el jueves último estuvo de turno en la Unidad de Flagrancias de la PJ. Él tiene dos años en esas funciones y ha sido testigo de personas que, en medio de la audiencia de formulación de cargos, han entrado en histeria y nerviosismo al encontrarse de frente con los agresores. “Solo en casos extremos permitimos que el afectado deje el lugar”, señaló.
Luna defiende el sistema. “Está en la Constitución”. Según el numeral 6 del artículo 168, la sustanciación de un proceso se llevará a cabo con el sistema oral.
Con tono desesperado y llorosa, Marcela F. recuerda que el juez preguntaba y repreguntaba lo que pasó. “Era feo. En esos días yo recién estaba recuperándome de una enfermedad tras la pérdida de mi padre y fue peor, porque tuve una recaída depresiva”.
Para evitar el contacto directo entre agredidos y agresores durante las audiencias, la Fiscalía comenzó a usar biombos.
La iniciativa lleva dos meses, pero sin resultados. Gustavo Villamarín, coordinador de Protección de Víctimas en Pichincha, sostiene que de los cuatro intentos por aplicar estos biombos en los Tribunales Penales, solo en una ocasión fue aceptado por el juez. Esto pese a tratarse de agresiones sexuales. El jueves, Villamarín acompañó a una joven de 16 años a la audiencia de juzgamiento por violación en el Tribunal Penal. Personal de la Fiscalía trasladó el biombo hasta el lugar, pero no lo utilizaron por dos razones: el impedimento del juez y la suspensión de la audiencia. Igual, la joven vio al agresor.
El presidente del Tribunal Séptimo, Luis Fuentes, dice que él no ha negado esta alternativa. A Marcela F. nadie la ayudó. Como en su caso no se concretó el robo, el juez liberó a la detenida. Marcela fue amenazada y debió esperar una hora para salir de la PJ.
Punto de vista
Manuel Analuisa / Médico
‘Las agredidas necesitan ayuda’
Yo soy jefe de la Unidad de emergencia médica prehospitalaria del Cuerpo de Bombero de Quito y cuando hemos atendido a víctimas de violencia sexual vemos que los trámites son engorros.
En medio de la desesperación de la víctima, tiene que acudir a la Policía, a la Fiscalía, a los jueces. Lo que en ese momento necesitan las agredidas es
permanecer tranquilas y con atención psicológica, pero eso no ocurre.
Lo peor es cuando el fiscal da la orden para que la paciente vaya al departamento médico legal. La exponen a gente desconocida y el trauma aumenta. Las autoridades de medicina legal, fiscalía, jueces deberían ver otros mecanismos.