10 de April de 2010 00:00

El Estado solo cuida al 0,8% de víctimas

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Redacción Judicial

judicial@elcomercio.com

Con  un empujón,  Marcela F., de 45 años,   trató de evadir     a la mujer que intentó robar su cartera. Pero la joven de 19 años le   tomó   de  los cabellos y forcejeó  hasta causarle heridas en el rostro. 

Dos policías que recorrían las avenidas América y Colón (Quito)   detuvieron a la chica.  Con esposas en las manos,  los oficiales la subieron al  patrullero. En el recorrido de cinco minutos, hasta llegar a la Policía Judicial (PJ), la joven   no estuvo sola: Marcela   F. fue  llevada en la misma camioneta.
 
“Ella   me veía y se reía”,  recuerda  la mujer, a dos meses  del  asalto. “Yo    temblando del miedo, pero tenía que  presentar la denuncia y ver si se     consigue  algo”.

En  este tipo de hechos,   las víctimas quedan expuestas.  La Fiscalía cuenta con una     Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, pero  acoge a   un porcentaje mínimo.    En el 2009  se  registraron   145 000 denuncias  por delitos a escala nacional pero  solo       1 268    víctimas ingresaron  al Sistema de Protección (hay otros 1 082 testigos). Es  decir,   el  0,8%. Cifra  similar  se registró   en el 2008  y se proyecta para este año.

Cristian Lombeida, quien en la Fiscalía  General está a  cargo del Sistema de Protección, dice   que    a esta  Unidad solo  ingresan      personas que cumplen parámetros como agresión y acoso constantes.  En la    Unidad  que opera  en  Pichincha se dice  que   sería     imposible   asistir a todas las víctimas.

El psicólogo  Byron López sostiene que todas las  personas    requieren ayuda. “Por más delito pequeño que sea, las víctimas 
tienen que explicar a la Policía, luego al Fiscal, más tarde a  los jueces. Es decir, se ven  obligados   a  recordar  ese   momento   duro.  La secuela es  una   depresión crónica”.

El penalista Rigoberto Ibarra añade que igual   ocurre cuando, en casos de agresiones sexuales,  la persona   tiene  que someterse 
al examen   médico  legal.
 
Para Marcela F. lo más  dificultoso  fue  acudir   ante el comisario y tener al frente a   la persona que intentó robar la bolsa donde  llevaba USD 100 para  pagar en el banco.  “Caminaba por la avenida  América  y sentí  que alguien me arranchó con   fuerza... Mi reacción   fue  defenderme  hasta con  golpes”, relató en la audiencia.

Cada día, la Unidad de Delitos Flagrantes de la PJ recibe hasta 30 casos de asaltos en Quito, pero nadie  recibe asistencia  psicológica. Esto lo confirma el   coordinador del área,   Iván Roon.

Igual ocurre en el resto de provincias. Lombeida   admite que en  las Unidades de Protección de todo el país   tampoco  hay     psicólogos  ni  trabajadora  social

El miércoles, Marcela F. llegó  a la Policía Judicial  para denunciar el asalto  que sufrió Javier Z.  Él no estaba  solo. En la pequeña sala de  flagrancias había personas que habían sufrido algún asalto. Entre ellos, ingresó  un  policía  con un cuchillo     de 20 centímetros de largo.

Detrás del  uniformado venía un   detenido y  a su lado  Francisca B. Ella casi no hablaba. Solo decía  que el joven la  amenazó con el   arma blanca  e intentó  robar  la tienda que tiene en la 24 de Mayo.
 
Frente a frente, separados solo por una silla. Así permanecieron Francisca B. y el detenido.      El juez vigésimo  cuarto de lo Penal,   Danny Roa,  reconoció que eso   se debe también  a la falta de espacio físico,  la oficina  solo mide   3 metros cuadrados y acusados y acusadores  se   encuentran allí.
 
Roa comenzó  el juzgamiento, pero al conocer que  en    el intento de robo  se utilizó un  arma blanca  pidió  que  el caso pasara a la Fiscalía, porque es    delito y no una contravención de flagrancia. 

 La sala de audiencias  de  la Fiscalía es más amplia. Pero  acusados y acusadores  están separados solo  por  un pasillo de dos metros.
Galecio Luna fue el juez   que el jueves último   estuvo de turno en la Unidad de Flagrancias de la PJ. Él tiene  dos años  en esas  funciones   y  ha sido testigo de personas que, en   medio de la audiencia  de  formulación de  cargos,  han entrado    en histeria y nerviosismo al encontrarse de frente con los agresores. “Solo en casos extremos  permitimos que el afectado  deje el lugar”, señaló.
 
Luna defiende  el sistema. “Está en la Constitución”.    Según el  numeral  6 del artículo  168,  la sustanciación    de un proceso   se llevará  a cabo con el sistema oral.
 
Con tono desesperado y llorosa, Marcela F. recuerda que  el juez preguntaba y   repreguntaba lo que pasó. “Era feo.  En esos días yo recién estaba  recuperándome de una enfermedad  tras   la pérdida de mi  padre  y fue peor, porque  tuve una recaída depresiva”.
        
Para evitar     el contacto directo entre agredidos y agresores durante las audiencias, la Fiscalía comenzó a usar     biombos.
 
La iniciativa lleva dos meses, pero sin resultados.  Gustavo Villamarín, coordinador de Protección  de Víctimas   en Pichincha,   sostiene que   de los cuatro intentos  por aplicar estos biombos en los Tribunales Penales,  solo en una ocasión fue aceptado por el juez. Esto pese a  tratarse de  agresiones sexuales.  El jueves, Villamarín acompañó  a una joven  de  16 años  a  la audiencia de  juzgamiento  por violación  en el Tribunal Penal. Personal de la Fiscalía  trasladó  el biombo hasta el lugar, pero no lo utilizaron  por   dos  razones:  el impedimento del juez  y la  suspensión de la audiencia. Igual, la joven vio al agresor.
    
El presidente del Tribunal  Séptimo, Luis Fuentes, dice que  él no ha negado esta alternativa.    A Marcela F. nadie la ayudó. Como  en su caso  no  se concretó el robo, el juez  liberó a la detenida.  Marcela fue amenazada y debió esperar  una hora para salir de la PJ.

Punto de vista
Manuel Analuisa  / Médico
‘Las agredidas necesitan  ayuda’

Yo soy  jefe de la Unidad de emergencia médica prehospitalaria del Cuerpo de  Bombero de Quito y cuando hemos atendido a  víctimas  de violencia sexual vemos  que los trámites  son engorros. 

En medio de la desesperación  de la víctima,  tiene que  acudir  a la Policía,     a la Fiscalía, a los jueces. Lo que  en ese momento  necesitan las agredidas es
permanecer tranquilas y con atención psicológica, pero eso no ocurre.     

Lo peor  es cuando el fiscal da la orden para que la paciente  vaya  al  departamento   médico legal. La exponen  a gente desconocida  y el trauma aumenta.     Las  autoridades de   medicina legal, fiscalía, jueces   deberían  ver otros mecanismos.

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