Bogotá, AFP
La liberación de 17 militares señalados por la ejecución extrajudicial de tres jóvenes el año pasado en Colombia fue cuestionada el viernes por familiares de las víctimas y la Fiscalía, así como por el ministro de la Defensa y el comandante general de las Fuerzas Militares.
Los militares, procesados por la muerte en agosto de 2009 de tres jóvenes en la localidad de Soacha, un sector deprimido de las afueras de Bogotá, fueron liberados luego de que el jueves un juez de garantías aceptara los alegatos de vencimiento en los términos de acusación por parte de la Fiscalía.
Según el juez Orlando Robayo, el plazo de 90 días establecido por la legislación colombiana para iniciar la etapa del juicio transcurrió sin que la Fiscalía presentara la acusación formal contra los militares.
Pero la Fiscalía sostuvo el viernes que el juez tenía argumentos que habrían permitido no conceder ese beneficio, en tanto que familiares de las víctimas anunciaron que acudirán a la justicia internacional.
El fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, manifestó preocupación por la sensación de impunidad que podría generar la decisión judicial.
“Aún cuando el proceso siga y haya la posibilidad de recapturar a esas personas más adelante, una de las manifestaciones de la impunidad es que no se apliquen las medidas de aseguramiento”, dijo el funcionario.
El ministro de la Defensa, Gabriel Silva, y el comandante general de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla, también expresaron inquietud por esas liberaciones y pidieron esclarecer los hechos y castigar a los responsables.
“El ministerio de la Defensa y las Fuerzas Militares exhortan a los entes investigadores y a las autoridades judiciales a adelantar con celeridad los procesos y determinar las responsabilidades correspondientes en estos casos”, expresaron en un comunicado este viernes.
Los 17 uniformados recuperaron su libertad tras haber pasado 209 días recluidos en una guarnición militar del sur de Bogotá.
El caso se enmarca en el escándalo de los “falsos positivos”, como se denomina en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública para atribuirse supuestos logros en la lucha contra la insurgencia.
La Fiscalía investiga a cerca de un millar de integrantes de los cuerpos de seguridad por su presunta participación en el asesinato de 1 375 civiles que fueron presentados ante las autoridades como guerrilleros muertos en combate sin que se hubiese habido en realidad ningún enfrentamiento.