17 de abril de 2018 00:00

Recuperación de los cuerpos es la prioridad de Ecuador y Colombia

Desde la izq. los ministros María Ángela Holguín, Luis Carlos Villegas, María Fernanda Espinosa y Patricio Zambrano. Foto: EL COMERCIO

Desde la izq. los ministros María Ángela Holguín, Luis Carlos Villegas, María Fernanda Espinosa y Patricio Zambrano. Foto: EL COMERCIO

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Redacción El Comercio

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La prioridad de Ecuador y Colombia es la recuperación de los cuerpos, pero también la detención del responsable del denominado frente disidente Óliver Sinisterra. Así lo señalaron el lunes, 16 de abril del 2018, los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de ambas naciones, que se citaron en Quito.

Patricio Zambrano, de Ecuador, y Luis Carlos Villegas, de Colombia, respaldaron a la Cruz Roja en esta tarea. “Nos pronunciamos a través de la Cruz Roja Internacional y apuntalaremos todo el trabajo que hagan (en este sentido).

Nosotros no queremos interferir su trabajo. Los dos países vamos a mantener el apoyo a la institución”, sostuvo el ministro Zambrano.
Villegas, en cambio, informó que Colombia seguirá cooperando con la recuperación de los cadáveres. “Es un derecho inalienable de sus familiares. Nos dirá el CICR cuándo y dónde tendrán las coordenadas de localización de esos cuerpos y qué requiere del Gobierno colombiano o ecuatoriano para que su operación sea exitosa y expedita. La coordenada o coordenadas de localización son una exigencia primaria”, manifestó Villegas.

Antes de estos pronunciamientos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ‘tomó nota’ de un nuevo comunicado que sería del Frente Oliver Sinisterra, anunciando la suspensión de la entrega de los tres cuerpos.

“El CICR ha tomado nota de la posición del Frente, manifestada en un comunicado hecho público hoy (16 de abril), pero permanece atento a una posible evolución de la situación”, indicó el organismo internacional en un boletín difundido ayer en Bogotá.

En su comunicado, el frente disidente justificó su decisión de no entregar los restos por la falta de garantías de seguridad. “Hemos tomado la unánime decisión de suspender cualquier tipo de actividad humanitaria con relación a la entrega de los cuerpos de los periodistas”, se informó.

El CICR insistió en su predisposición para facilitar la recuperación de los cadáveres “siempre y cuando haya un acuerdo entre las partes y se den las condiciones de seguridad necesarias en terreno”.

En un comunicado, las Naciones Unidas exhortaron a “que se tomen todas las acciones necesarias para la entrega rápida y sin condiciones de los restos mortales del equipo periodístico, como gesto de compasión y respeto a las familias”.

Además dijo: “Estos tres profesionales de la información eran padres, hijos y esposos. La prioridad actual es aliviar el sufrimiento de sus familiares y seres queridos”.

El presidente Lenín Moreno, que el lunes estuvo en Manabí, también habló del tema. “¿Qué debemos hacer como nación de paz? Luchar, luchar denodadamente por todos los medios y con toda nuestra capacidad hasta derrotarlo y capturar al responsable de esta tragedia, el narcotraficante alias ‘Guacho’. Los ministros encargados de este proceso tienen el plazo de 10 días para cumplirlo. ¡Tengan la seguridad de que lo vamos a lograr!”, manifestó el Primer Mandatario.

Presos en 2 ciudades

Mientras esto sucedía en Quito, en Guayaquil y en Latacunga las autoridades presentaban a los detenidos, que serían parte del grupo disidente.

En el Puerto Principal fueron expuestos 11 arrestados, quienes se encuentran en la zona de “alta seguridad” de la cárcel local. Entre ellos están un supuesto experto en explosivos, una persona que estaría vinculada a la familia del disidente y que le daba seguridad, un informante, entre otros.

Gina Godoy, coordinadora zonal del Ministerio de Justicia, comentó que la intención de esta presentación es mostrar que la gestión que se sigue en este caso es pública.

Además, se explicó que cada uno está recluido en celdas individuales y que las comparecencias se realizarán a través de videoconferencia.

En cambio, en Latacunga, los detenidos están recluidos en cuatro pabellones y son investigados por presunto terrorismo, tráfico de armas, muerte con explosivos, entre otros.

Los sospechosos llegaron a la cárcel de Latacunga el 20 de febrero y el 17 de marzo.

Los desplazados

El alcalde de San Lorenzo, Gustavo Samaniego, dijo el 16 de abril que 151 personas de Mataje salieron el domingo en chivas y camionetas y se refugiaron en el cantón San Lorenzo. Se trata de familias que se desplazaron por temor a la acciones violentas y a las operaciones militares en la zona limítrofe con Colombia.

Según Samaniego, los desplazados fueron alojados temporalmente en la Iglesia.

Entre las familias se contabilizan 87 niños y adolescentes, quienes abandonaron sus viviendas solo con maletas llenas de comida y prendas de vestir. El Comité de Operaciones de Emergencia de Esmeraldas les entregó vituallas.

Según el Alcalde, en el centro de Mataje viven unas 700 personas, pero a su alrededor también hay recintos pequeños.

El Cuerpo de Bomberos indicó que los afectados recibieron víveres, ropa, sábanas y colchones.

Un desplazamiento similar ya ocurrió en febrero en la población de El Pan, donde se produjo uno de los ataques de los ilegales. Los últimos habitantes que quedaban en esa comunidad abandonaron sus casas el 21 de febrero.

En contexto

El atentado contra el cuartel policial de San Lorenzo se produjo el 27 de enero. Luego se reportaron ataques a patrullas militares en El Pan y en Alto Tambo. El secuestro del equipo de EL COMERCIO se produjo el 26 de marzo pasado, en la población de Mataje.

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